El 19 de mayo de 2021 el teléfono móvil del presidente de España, Pedro Sánchez, fue interceptado con el programa de espionaje Pegasus. No era casualidad. Los días 17 y 18 cerca de 10.500 personas entraron en Ceuta. La mayoría desde las playas de Castillejos hasta la de Taharal. Tres personas murieron. El 20% de quienes entraron eran menores. Los servicios de inteligencia marroquíes participaron, según periodistas como Ignacio Cembrero. Fue el antecedente de la crisis de Ceuta en 2026.
La consecuencia indirecta de aquella crisis sin precedentes fue aún más excepcional. El presidente español destituyó a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya dos meses después, el 10 de julio. Quedaba con ello cumplido un deseo de Marruecos desde hacía meses manifestado en reuniones y encuentros secretos entre mandatarios marroquíes y españoles.
Casi un año después, el 22 de marzo de 2022 el presidente español redactó una carta aceptando el estatus marroquí del territorio saharaui, antiguamente bajo protectorado español y según resolución de la ONU, autónomo.
Cuatro días después, el gobierno marroquí filtró parte de esa carta. Casi todo el gobierno español se enteró ese día de la existencia de esa carta por su parcial contenido filtrado. También la ciudadanía se enteraría por las versiones parciales e incompletas publicadas de aquella carta.
En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez, declaró que Marruecos «es amigo y un aliado fundamental para el desarrollo económico de España». Sobre la hoja de ruta sellada aquel 7 de abril de 2022 por él y el rey Mohamed VI de Marruecos, añadió que el balance era muy positivo ya que sus objetivos estaban siendo “alcanzados”.
A finales de julio de 2026, la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla fue creciendo hasta desembocar, entre el 30 y el 31 de julio, en una entrada masiva desde Marruecos. El episodio más grave se produjo en Ceuta, donde decenas de miles de personas, muchas de ellas a nado, lograron alcanzar territorio español y el Gobierno terminó situando la cifra en torno a 80.000 entradas, mientras en Melilla los intentos simultáneos en varios puntos de la frontera fueron en gran medida contenidos y solo 130 personas consiguieron acceder.
En los días siguientes comenzaron las labores de identificación, retorno y acogida, en medio de una situación humanitaria especialmente delicada: en territorio español se habían recuperado 83 cadáveres, la mayoría vinculados a las entradas marítimas en Ceuta y a muertes por ahogamiento. La presencia de menores fue también muy significativa: en Ceuta había 1.527 oficialmente identificados, aunque las estimaciones elevaban a unos 2.500 los que podían seguir en la ciudad, mientras que en Melilla 84 de las 130 personas que lograron entrar eran menores y quedaron bajo tutela de la Ciudad Autónoma.
El presidente español, Pedro Sánchez, calificó lo sucedido como un «ataque» y una «violación de la integridad territorial de España». Al mismo tiempo, el Gobierno evitó responsabilizar directamente a Marruecos y atribuyó la movilización a las mafias vinculadas a la inmigración irregular. Sin embargo, la composición de quienes lograron entrar alimentó las dudas sobre esa explicación: no se registró una presencia significativa de migrantes subsaharianos y la inmensa mayoría de los identificados eran ciudadanos marroquíes.
Pese a ello, el Ministerio del Interior destacó públicamente la colaboración de las fuerzas de seguridad marroquíes y buena parte de la cobertura mediática encuadró lo sucedido bajo la denominación de «crisis migratoria».
Los 83 cadáveres recuperados en territorio español introducen, sin embargo, una dimensión que trasciende cualquier disputa terminológica. Hasta ahora, esas muertes no han sido consideradas jurídicamente como 83 homicidios, pero su magnitud obliga a preguntarse por las circunstancias que condujeron a miles de personas a lanzarse al mar y por las decisiones políticas y operativas adoptadas a ambos lados de la frontera.
Frente al relato oficial han surgido interpretaciones radicalmente distintas. Para Jorge Serrano Paradinas, coordinador de la Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización Extraordinaria de personas extranjeras en España y director general de la Fundación Ciudadanía Global, la crisis de Ceuta habría sido una maniobra deliberada de Marruecos, que habría facilitado la salida de sus propios ciudadanos mientras contenía a migrantes subsaharianos, utilizando así la presión migratoria como instrumento político para defender sus intereses sobre Ceuta y Melilla.
Serrano enmarca lo ocurrido en una estrategia ya empleada anteriormente por Rabat y cita como precedentes la Marcha Verde de 1975 sobre el Sáhara Occidental y la crisis de Ceuta de mayo de 2021, cuando miles de personas atravesaron la frontera después de que Marruecos relajara sus controles.
Serrano Paradinas vincula además la crisis actual con el deterioro de las relaciones entre Marruecos y España en torno al Sáhara Occidental y con el reciente acercamiento español a Argelia. A su juicio, la sentencia del Tribunal Supremo que limita las devoluciones inmediatas de quienes acceden a territorio español a nado habría proporcionado a Rabat una oportunidad para reproducir una estrategia semejante a la de 2021. También señala la existencia de factores geopolíticos externos, entre ellos el debate abierto en Estados Unidos sobre el estatus de Ceuta y Melilla y la utilización de las imágenes de la crisis en el discurso político estadounidense.
Es ahí donde los 83 muertos dejan de ser una cifra colateral para convertirse en el núcleo de la historia. Por encima de la disputa diplomática, de las versiones oficiales y de las interpretaciones geopolíticas, permanece un hecho incontestable: 83 personas murieron en territorio español. Su muerte obliga a ir más allá de una «crisis migratoria» y a esclarecer las responsabilidades políticas, operativas y, en su caso, judiciales.
Si hubo decisiones conscientes que facilitaron, alentaron o permitieron una entrada masiva por mar en condiciones de extremo riesgo, resulta necesario determinar quién las adoptó, qué conocían las autoridades españolas y marroquíes y qué medidas tomaron para impedir una tragedia previsible. La pregunta final ya no es únicamente qué ocurrió en la frontera, sino si esas 83 muertes pudieron evitarse y quién debe responder por ellas.
