Las comisiones del 4% de la trama de los burukides en Araba
Casi 9 años después de que una empresaria denunciara el cobro de comisiones en torno al 4% a cambio de contratos públicos que implicaba a importantes burukides del PNV, empezamos ahora a conocer las entrañas del origen del que es el mayor caso de corrupción en Euskadi. Se trata del pelotazo de Zambrana, un amaño fallido de 65 millones y 3 millones en comisiones en el que figura la firma catalana Construcciones Riera.
“¿Qué te parecería que al margen de tus honorarios con Riera les pidieras una comisión para ti y para mí?”, fue la propuesta que le hizo al constructor Josu Arruti el burukide Alfredo De Miguel. El exDiputado utilizó una empresa pantalla, Kataia, y una cifra que no era redonda para camuflar la coima. Arruti, por su parte, recurrió a la empresa Sidepur para realizar el pago de comisiones a Kataia. La Diputación de Bizkaia está personada en el caso a raíz de los delitos de fraude fiscal cometidos por la empresa de Arruti, Sidepur.
Pese a que Sidepur figura en ignorado paradero para la Hacienda de Bizkaia desde 2004, ahora le reclama 500.000 euros por fraude fiscal. Esta empresa operó en Muskiz y Elorrio. El ayuntamiento de Elorrio le adjudicó una polémica obra, «Hospital de Elorrio», para la construcción de 108 viviendas. Por su parte, el Ayuntamiento de Muskiz modificó las Normas Subsidiarias para una operación de construcción de 71 viviendas en la finca denominada Lutxo Goitia.
El manejador de Sidepur, Josu Arruti, es un conocido «fontanero» del PNV. Ha sido en un primer momento imputado por pertenecer a la trama De Miguel. En los meses finales de juicio pasó a ser “arrepentido”. Arruti está vinculado a una operación que no escapó a los ojos del Tribunal de Cuentas. Se trata de un expediente sancionador por financiación ilegal del PNV que abrió en 2018 el citado tribunal. Y esta es una trama ligada al financiero de Arzalluz.
Los fontaneros del partido vuelven a ser mediáticos
La abogada de Josu Arruti es Arantza Isasmendi, esposa del exdirector de la Policía de lo Criminal de la Erztaintza, Natxo Ormaetxe. El PNV ha puesto a disposición de los imputados del caso De Miguel una legión de abogados de confianza del partido:
https://halabedi.eus/2018/03/08/caso-de-miguel-quienes-son-los-abogados/
No es un secreto que nuestro personaje es militante del PNV y de familia ligada al partido. Su hermana fue propuesta por el partido como miembro de su Consejo en el distrito de Abando, en Bilbao. Arruti gestionaba la compra de los terrenos donde se celebra el Alderdi Eguna. El PNV controló el 100% de la inmobiliaria que los acabó comprando. Esta inmobiliaria, Lurukanez, fue liquidada tras ser señalada por el Tribunal de Cuentas. Como consecuencia de la disolución de Lurukanez, el Euskadi Buru Batzar, máximo órgano del partido, registró pérdidas contables de 217.209 euros. Lurukanez estaba domiciliada en la misma sede central del PNV en Bilbao, Sabin Etxea.
Nominalmente Lurukanez pertenecía a una maraña de sociedades que pretendería ocultar financiación ilegal. Fue constituida por José Antonio Goikoetxea Galarza, “parcialmente vinculado” a la trama de empresas blindadas por un exinspector jefe de la Hacienda de Bizkaia que acabó en prisión por fraude fiscal y trato de favor a empresarios del PNV: caso Ibarra.
Lurukanez (no tener tierras) era la empresa matriz de Lurukan (tener tierras) también domiciliada en Sabin Etxea. Ambas estaban relacionadas con Lugarre, administrada por Luis Fernández Cavada San Millán, administrador de Batzokia SL, otra firma bajo la lupa del Tribunal de Cuentas. Batzokia SL contaba en su consejo con el actual presidente de la BBK, el extesorero del PNV Xabier Sagredo. Otro de sus consejeros era un exedil de Gasteiz condenado por el caso Hiriko: Iñigo Antía.
El rastro de Luis Fernández Cavada San Millán lleva a otra de sus empresas, Publiquorum. Esta mercantil estaba domiciliada precisamente en la misma dirección, Gardoki número 7 de Bilbao, donde lo habían sido sociedades relacionadas con el escándalo de las Tragaperras y otros affaires: una fontanería dirigida por el hermano del “Barcenas del PNV”, el exjuntero del PNV y extesorero de Sabin Etxea, Niko Mendizabal.
El epicentro de las tramas de corrupción del PNV
El segundo administrador de Publiquorum es Luis María Petricorena Arbelaiz, director del Gobierno Abierto de Euskadi sobre transparencia de Lakua. Otro de sus administradores es Kepa Etxebarria Arrizabalaga, expresidente de una empresa de la fontanería del partido: Garapen. La citada mercantil estaba administrada por el financiero de Arzalluz, Kepa Amantegi “el canterero”. Según el Tribunal de Cuentas, lo único que declara el PNV en 1996 sobre esta sociedad se reduce a una inversión de 120 millones de pesetas en su patrimonio. El PNV invirtió 722.000 euros en Garapen SA, con un saldo deudor de un millón de euros. Esta sociedad fue liquidada en el año 2000.
En 1999, el principal activo de Garapen correspondía a inmovilizaciones materiales y sin que figurase gasto de personal. Sociedad instrumental, su único objetivo era construir la sede jeltzale de Durango, según el PNV. El Tribunal de Cuentas señalo la dificultad para valorar esta sociedad. La operación de esta sede estaba valorada en 260.447.677 pesetas, mientras que presentaba un saldo deudor frente a la Hacienda Pública en concepto de IVA por importe de 16.765.802 pesetas. Las pérdidas de Garapen se estimaron en 12.822.270 pesetas.
El patrimonio del PNV lleva muchos años bajo sospecha del Tribunal de Cuentas y tiene bajo lupa operaciones inmobiliarias en torno a batzokis. Varias sedes del PNV, incluyendo Sabin Etxea, han protagonizado affaires que han llegado a ser objeto de investigaciones judiciales y periodísticas. Se trata de, al menos, las sedes del PNV en Arrigorriga, Baiona, Bakio, Barakaldo, Bilbao, Dima, Elorrio, Galdakao, Gasteiz, Laudio, Orereta, Tolosa y Zarautz. En 2012, el Tribunal de Cuentas valoró en 98 millones de euros el patrimonio del PNV.
En 1997, un informe del Tribunal sobre las cuentas de los batzokis entre 1990 y 1992 señala que “varios movimientos de los que no se ha obtenido la justificación documental solicitada». El más significativo se refiere al traslado al Bizkai Buru Batzar del saldo de una cuenta de crédito de 269.302.215 pesetas que se cancela durante el ejercicio. El PNV manifiesta que se trata de un crédito solicitado por el EBB para la financiación de Batzokis en Bizkaia.
El PNV no presenta al Tribunal la contabilidad de organizaciones locales. Y manifiesta que amortiza con sus recursos préstamos del Bizkai Buru Batzar. Hace 20 años, el Tribunal cifró en 225 millones de pesetas las donaciones anónimas que recibió el partido para construir la sede de Sabin Etxea.
Algunos tesoreros de los batzokis han estado vinculados a la “fontanería” y la “extra-contabilidad” del partido. Además, el principal acusado en el caso De Miguel y el “Bárcenas del PNV” han sido miembros del consejo de empresas del partido bajo sospecha del Tribunal de Cuentas.
De Miguel baleado por fuego amigo
Mientras De Miguel apenas reconoce en la instrucción y en el juicio enriquecimiento personal, el “fontanero” del PNV Josu Arruti le acusa de cobrar comisiones con respaldo de una abogada casada con un exalto mando de la Ertzaintza. Los restos del antiguo servicio de información del PNV y una abogada (excandidata al Senado) han decidido sacrificar a Alfredo De Miguel (cuya actividad apenas conduce a las cuentas del PNV) y proteger a un “fontanero arrepentido” ligado a una trama de financiación ilegal del partido.
El «fontanero arrepentido» del PNV dispara contra De Miguel mientras se ningunea su relación con una trama relacionada con el financiero de Arzalluz, cuyo hijo inyectó fondos a la trama pero fue desimputado.
¿Era para el partido?
En algunas conversaciones grabadas por la testigo destaca una conversación de la testigo con el “conseguidor” de la trama. En esa grabación versan sobre el posible destino de las comisiones y el papel del PNV en este modus opernadi. En otra de las grabaciones, uno de los interlocutores versa sobre el tamaño de las comisiones, precisando que la cifra del porcentaje estaría “dentro de lo normal”.
En el camarote de la vivienda de uno de los burukides imputados se halló un cuaderno con numerosa información manuscrita. Registrado como prueba B14 en el sumario, ese cuaderno ha permitido indagar los movimientos económicos de la trama. Entre esas notas destaca la siguiente anotación: “Obra 4% Kataia”.
Si Alfredo De Miguel sigue negando haber cometido delitos por el cobro de comisiones, la pregunta es la misma que le formuló la empresaria que denunció la trama: ¿Era para el partido? Según algunas fuentes, Arzalluz pidió calma a De Miguel y le recomendó recurrir la sentencia tantas veces como fuera posible para alargar y dilatar el affaire. Un recurso ya utilizado en el caso Tragaperras. Arzalluz afeó la actitud de dos imputados fallecidos durante el proceso. Alfredo De Miguel ha terminado siendo una víctima de la cadena de corrupción impune del PNV y del juego de tronos ente Egibar y Ortuzar.
Las conexiones entre las comisiones del 4% de los burukides con el 3% para CiU
Alfredo De Miguel, ha sido cercado por las declaraciones del “fontanero arrepentido” Josu Arruti. El caso no ha abierto líneas de investigación sobre financiación ilegal, ni sobre el nexo de Arruti con la fontanería del PNV. Las acusaciones de Arruti han sido refrendadas por un empresario catalán que dirigía Construcciones Riera, implicada en las comisiones del 3% para CiU del caso Pretoria y en blanqueo de capitales.
La firma catalana protagonista del pelotazo de Zambrana, también participó en la Operación Pallaresa. En 2005, el consistorio aprobó sendas modificaciones urbanísticas que conllevaron “variaciones sustanciales en los pliegos muy favorables a los adjudicatarios”.
La Audiencia Nacional señaló en 2016 a Construcciones Riera (implicada en la trama de comisiones del 4% del caso De Miguel) por su relación con delitos de corrupción y blanqueo de capitales en el marco de la sentencia por las comisiones del 3% del caso Pretoria de CiU. En la operación Pallaresa, vinculada al caso Pretoria de las comisiones del 3% para CiU, figura una mercantil utilizada por Oleguer Pujol para ocultar las comisiones. La operación Petroria debe su nombre a Gabriel José Pretus Becerra y Diego Pretus Labayen, respectivamente.
Existen más vínculos directos entre las tramas de comisiones del 3% de CiU y del 4% de los burukides de Araba. La familia Sumarroca es otro pegamento entre las comisiones del 3% de CiU y la trama de las comisiones del 4% del caso De Miguel del PNV. Compartiendo el mismo modus operandi.
La familia Sumarroca ligada a los Pujol y a la trama de los burukides en Araba
En julio de 2009, el administrador único de los laboratorios Biokilab (su socio único es la familia Sumarroca), y el responsable de Construcciones Hierro López de Arbina (vinculada a la trama de comisiones del 4% del caso De Miguel del PNV) firmaron un acuerdo valorado en 487.212,35 euros para que la constructora realizara las obras del edificio que alberga los laboratorios. Biokilab fue constituida con apoyo del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Araba y el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Laboratorios Biokilab, con importante apoyo del burukide Bernabé Unda, pretendía abrir un centro de investigación de prevención de enfermedades en el Parque Tecnológico de Miaño. El parque tecnológico “colonizaba una parte de esa naturaleza que se aleja de la ciudad. Pese a que sus normas urbanísticas dicen saberlo, la calidad del lugar y su fuerte pendiente cuestionan dónde construir”.
En julio de 2010, la constructora emitió la última liquidación de la obra, por un importe total de 507.051,20 euros. En marzo de 2011, Biokilab trataba de descontar 48.000 euros de penalización por 48 días laborables de retraso, oponiéndose al pago del resto reclamado. La constructora interpuso la correspondiente demanda y Biokilab se opuso.
En la caja fuerte del dormitorio de Sumarroca, los investigadores encontraron dos documentos muy importantes. Según los informes del sumario, estos documentos demuestran que CiU ha estado cobrando comisiones al grupo de Sumarroca, Su propietario, Carles Sumarroca, íntimo amigo de Jordi Pujol y cofundador de Convergència, es uno de los empresarios más beneficiados con las adjudicaciones públicas desde 2002.
Movimientos en billetes de 500 euros en las tramas de comisiones de Catalunya y Euskadi
El propietario de Construcciones Hierro López de Arbina, Prudencio Hierro, está acusado de pagar comisiones al ex número dos del PNV en Araba: Alfredo De Miguel. Es un empresario vinculado a varias constructoras como Construcciones Hierro López de Arbina: una mercantil vinculada a las obras (1,2 millones) de la nueva sede del PNV alavés que planificó Alfredo de Miguel. Tras conocer que este empresario había sido citado como imputado, la ejecutiva peneuvista alavesa se apresuró a desmentir que fuera el encargado de la remodelación de su sede.
En 2013, según datos recabados en la Audiencia Provincial de Araba, varios socios de Construcciones Hierro López de Arbina terminaron por descapitalizar la empresa. Poco después, daría comienzo un proceso judicial por “delitos de insolvencia punible y fraude a la Seguridad Social” a raíz del traspaso del 100% de las acciones a dos sociedades radicadas en Salamanca. Se acordó la transmisión de las acciones, “haciéndose constar en la citada escritura notarial que la parte vendedora recibió el dinero en metálico ese día. No obstante, no consta justificación documental de ello”. En la literatura judicial sobre estos delitos aparece la figura de Ensanche XXI.
En esas fechas, Ensanche XXI estaba presidida por Miguel Ángel Garnica Azofra. Miguel Ángel Garnica y su esposa, Catalina Aranegui Acha, fueron socios del actual presidente del PP en Araba Ignacio Oyarzabal, en la Inmobiliaria Fueros 33 SL. El fiscal Josu Izaguirre, abrió en su día un procedimiento contra el responsable de la empresa municipal Ensanche 21: Alfredo Pirisun, hombre próximo al PSE. El Juzgado de Instrucción Número tres de Gasteiz le imputaba un presunto delito contra la Administración pública en el proceso de venta de los suelos que acogen, entre otras, la ciudad deportiva del Baskonia y la sede de la Caja Vital. “Un triángulo urbanístico que afectaba a las empresas del presidente del Baskonia, Josean Querejeta”.
Emte: la empresa de los catalanes Sumarroca que se forró en Euskadi
En 2005, Emte recibía una subvención de 3.000 euros del Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco. Un año más tarde, el Consorcio de Transportes de Bizkaia adjudicaba a una UTE liderada por Emte 977.889 euros para el “Diseño, Fabricación, Suministro, Instalación y Pruebas de los Proyectos de Superestructura del tramo Sestao–Portugalete de Metro Bilbao”. En 2008, otra UTE encabezada por Emte se hizo con la adjudicación del “Diseño, fabricación, suministro, instalación y pruebas de los Sistemas de Superestructura para el tramo Bidezabal-Ibarbengoa del FMB” por un importe de 2.134.787 euros. Poco más tarde, era beneficiada con 31.142 euros de ayuda pública concedida por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco.
En 2009, Eusko Trenbide Sarea adjudicaba a Emte la “Instalación de Subestación Eléctrica móvil en Loiola” por un importe superior a los 700.000 euros. Y dos años después, la citada entidad pública también le beneficio con un contrato de 109.197 euros (IVA excluido) para la “compensación de catenaria en el primer cantón de Maltzaga – Elgoibar”. Esta misma entidad, adjudicaba a la empresa catalana 1.030.704 euros para el “Proyecto de Superestructura del tramo Santurtzi-Kabiezes del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao: proyecto de Electrificación de Tracción”. En 2015, Euskal Trenbide Sarea mimaba a Ente con la licitación relativa a la obra de “electrificación de la línea 3 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao” con 2.916.817 de euros.
En 2010, el Tribunal de Cuentas publica un informe de fiscalización de la Diputación de Bizkaia y analiza un contrato por importe de 355.000 euros al año y la revisión anual por importe inferior a 100.000 euros anuales. A la oferta se presentaron únicamente dos licitadores: EMTE Service y Thyssen Elevadores, esta última implicada en los sobrecostes de las obras del museo Guggenheim de Bilbao. Uno de ellos no cumple las características técnicas solicitadas por lo que únicamente hay una oferta válida. EMTE obtiene la adjudicación pero bajo condición de presentar garantías sobre el mantenimiento correcto del software instalado en la maquinaria escénica. Finalmente, EMTE remitirá su imposibilidad de garantizar el mantenimiento del software por lo que su oferta se excluye, quedando como único posible contratista Thyssen.
En 2007, Emte se hace con el “Suministro de Polielectrolito sólido para las instalaciones de abastecimiento y saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por 222.868 euros, I.V.A. excluido. El Consorcio ya había adjudicado a la citada empresa 334.511 euros, I.V.A. excluido, en concepto de “servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas”.
La sospechosa empresa del PNV que promovió la nueva sede del PNV en Gasteiz
Landaburu Etxea, mercantil propiedad del PNV en la que figuraban Alfredo De Miguel y el actual presidente del Araba Buru Batzar José Antonio Suso, obtuvo un crédito hipotecario para sufragar la compra del edificio y las obras de la sede del partido en Gasteiz acometidas por Construcciones Hierro López de Arbina: 3,6 millones en total.
Landaburu Etxea estaba bajo la lupa del Tribunal de Cuentas por integrar una maraña de sociedades que podía esconder financiación ilegal del partido, asunto por el que tiene abierto un expediente sancionador contra el PNV. Landaburu Etxea recibió 13.000 euros de Sacyr Vallehermoso. Sacyr está implicada en los papeles de Bárcenas con dos empresas vascas en cuyo consejo han figurado varios cargos del PNV: Bruesa y Urazca.
Bruesa ha estado vinculada a Joseba Arregui (exportavoz del Gobierno del PNV) y José Antonio Maturana (exportavoz del PSE). Urazca, vinculada a la trama de comisiones del caso De Miguel, ha estado dirigida por varios jelkides de Bizkaia.
Urazca pretendía involucrarse en el pelotazo de Zambrana. De hecho, había sido favorecida por la trama en un contrato público, y por ello pactó con los burukides una comisión de 800.000 euros. Estos son algunos de los jeltzales que han estando vinculados al grupo Urazca: Javier Uría (exalcalde del PNV y expresidente del Athletic de Bilbao), Koldo Otxandio (exalcalde del PNV que forma cuadros del partido y propietario de una polémica consultora), Ignacio Ugartetxe (fontanero del PNV y expresidente del Athletic de Bilbao) y el Diputado del PNV José María Iruarrizaga.
Las cloacas del PNV en Araba
Sedes del PNV en Araba y cuentas del ABB bajo la lupa del Tribunal de Cuentas y del fiscal del caso De Miguel
El Araba Buru Batzar no tenía separado en sus registros contables el valor de los terrenos del que correspondía a las construcciones y registró ambos valores en la cuenta de “Construcciones”. Tras ser reprobado por el Tribunal de Cuentas, el ABB procedió a un ajuste que debería haberse efectuado directamente con abono a patrimonio neto, en lugar de al apartado de resultados extraordinarios.
El Consejo del ABB registró en la cuenta de “Construcciones” un saldo acreedor de 126.620,08 euros. Según el Tribunal de Cuentas, este registro era “contrario a su naturaleza, correspondiente a una devolución de IVA del año 2003” que debía “proceder a regularizar”. El criterio del PNV para diferenciar los valores de terrenos comprados de los de construcción consistió en aplicar los porcentajes de estos valores según datos del Catastro, pero el Consejo ABB aplicó un porcentaje fijo del 30% como valor del terreno en los bienes contabilizados.
El registro de ingresos municipales sobre aportaciones de concejales en ABB y NBB por un importe de 68.558,05 euros debía haberse contabilizado como “Aportaciones de cargos públicos”. ABB y NBB registraron indebidamente en el epígrafe “Subvenciones oficiales” estas aportaciones. El PNV disponía de cuentas bancarias específicas para el ingreso de las aportaciones de cargos públicos, pero el ABB no lo ingresó en una cuenta específica para recibir las aportaciones: 24.000 euros. Supone un “incumplimiento del artículo 8.1 de la Ley Orgánica 8/2007”.
Volviendo a la relación del PNV con la construcción, haremos un repaso de algunas operaciones inmobiliarias en torno a sedes del PNV. Las comisiones del caso De Miguel fueron blanqueadas a través de una maraña de sociedades creada por los burukides. Construcciones Hierro López, implicada en el caso, era la encargada de las obras de la sede de Gasteiz y de una reforma en la casa de la esposa de Alfredo De Miguel. La constructora Sacyr, implicada en el caso Bárcenas y en el caso De Miguel, tal y como sucede con Urazca, inyectó fondos en Landaburu Etxea (con Alfredo De Miguel en su consejo) para una operación inmobiliaria relacionada con el batzoki de Laudio.
Landaburu Etxea, vinculada a las obras de las sedes de Gasteiz y Laudio, fue reconvertida en gestora de batzokis tras reproches del Tribunal de Cuentas. Pertenecía a una maraña de sociedades por la que el Tribunal ha abierto al PNV expediente sancionador por financiación ilegal. Sacyr abandonó obras públicas y fue sancionada por ello en Bizkaia. La finalización de una de estas obras, Autzagane, fue adjudicada a Construcciones Cantábricas, una empresa que fichó al exalcalde de Zeberio: Humberto Perea. Y la asistencia a la culminación de esas obras fue adjudicada a Ingeplan, creada por los hijos de Juan Mari Atutxa. Sacyr está implicada en una red de sobornos en torno al TAV.
El exalcalde de Laudio, inhabilitado en su día por negar información a HB, ejerce de viceConsejero de Obras Públicas. Una gran apuesta del ABB en obra pública se centra el TAV, con Sacyr entre las adjudicatarias y en su día con acciones en poder del Diputado Imanol Pradales. El alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, mantuvo una reunión con el primer empresario español condenado por corrupción (Méndez Pozo) para que el PP desbloquease las inversiones para el TAV en Euskadi. Fiscalía de Araba investigó sobornos para los partidos con comisiones del 24% en el TAV.
https://twitter.com/Ahoztar1972/status/907568909548707841
Lurukanez, liquidada por el PNV tras reproches del Tribunal de Cuentas, estaba vinculada a una operación de compra de terrenos para celebrar el Alderdi Eguna en la que participó el fontanero “arrepentido” del PNV: Josu Arruti, imputado en el caso De Miguel. Lurukanez se encuentra ligada a una red de empresas en las que participaron Manu Allende (miembro del Araba Buru Batzar) y Kepa Amantegi: financiero de la familia Arzalluz, con uno de sus miembros desimputado del caso De Miguel.
Arruti ha implicado a Alfredo De Miguel en el cobro de comisiones. El exburukide se encuentra cercado, tras retirarse de la negociación con el Fiscal y negarse a reconocer que hubiera sido el destinatario de las comisiones que el juez instructor, la Ertzaintza, Fiscalía, la acusación de la Diputación de Bizkaia y el “fontanero” Arruti han dejado entrever. Soy testigo de cómo convierten al exburukide Alfredo De Miguel en el tótem de la corrupción en Euskadi y estoy muy en desacuerdo. Lo he visto donde resido, porque hace tiempo que ya no hago vida allí. En Bakio el tótem de la corrupción es un exalcalde y también discrepo.
Los fontaneros del PNV en el caso Bakio Do´r pasan desapercibidos para el imaginario social. Y el exalcalde ha sido condenado precisamente por favorecer su actividad en el municipio, con operaciones que dejaron endeudado al consistorio y una crisis interna en el PNV de Bakio. El PNV, incluso los medios y la justicia, ha preferido ningunear la responsabilidad de los fontaneros del partido e hipotecar su credibilidad ante l@s ciudadan@s. Lo dice una persona cuyo mensaje ha pretendido matar el exalcalde ya condenado en una reunión celebrada en el batzoki. Un fontanero favorecido por la corrupción municipal en Bakio, ninguneado por los medios y desconocido para la opinión pública, estaba ligado al caso Tragaperras y a los papeles de Panamá.
El empresario imputado que pagó las obras de la casa de la esposa del exnúmero 2 del PNV en Araba
El responsable de Construcciones Hierro, López de Arbina, ha reconocido que corrió a cargo de la factura de las obras que otra empresa (Ezkibel) realizó en una casa que la esposa del exburukide Alfredo De Miguel, en el municipio vizcaíno de Gorliz. Lo hizo porque el citado exburukide era diputado foral en Araba y ello “siempre ayuda”.
Con De Miguel creó la sociedad mercantil Ezkibel, que se vio beneficiada con importantes sumas de dinero. Se le acusa de abonar a De Miguel comisiones ilegales tras varias adjudicaciones. Fue imputado en 2011, con una solicitud de pena de cárcel de siete años.
Tras asegurar que De Miguel le devolvió el dinero que costó la reforma (45.000 euros) salvo el IVA, admite las “implicaciones fiscales” de la operación. La cuantía del fraude a la Hacienda supera los 120.000 euros, pero el delito no puede ser juzgado porque ha prescrito. El constructor afirma que el dueño de Ezkibel le pidió abonar a la constructora Emociona los 45.000 euros de la obra para desgravarse el IVA.
Ezkibel, cuyo capital para su constitución fue aportado por De Miguel, había sido beneficiada en un concurso investigado por la Ertzaintza. Se trata de un contrato de la industrialdea de Llodio para construir pabellones en el polígono industrial Salbarte del Valle de Arana por cerca de 520.000 euros. El responsable de la adjudicación, Javier Argote, es primo del entonces presidente del PNV alavés Iñaki Gerenabarrena. Alfredo De Miguel e Iñaki Guerenabarrena están ahora en nómina de una entidad pública.
En otra operación urbanística en Legutiano, el burukide De Miguel también tenía intereses personales. Él mismo terminó autorizando en 2008 la preceptiva modificación de la normativa urbanística en su condición de diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial. El proyecto de Legutiano propició que tres pabellones industriales en la zona, tasados en tres millones de euros, terminaran en manos de la compañía Ezkibel, en la que el ex número dos del PNV alavés puso los 3.006 euros para su constitución. Una de las adjudicaciones para Ezkibel fue en un concurso en el que participaron dos empresas del entorno familiar del constructor Prudencio Hierro.
La defensa de De Miguel incide en un pago de 7.000 euros de diciembre de 2008 al constructor Prudencio Hierro, pero la cuantía de la reforma fue distinta y la citada cantidad coincide, según la Ertzaintza, con otra operación que tenían en común: unas obras en un pabellón industrial de Amurrio para una empresa creada por la trama de los exburukides del caso De Miguel.
Según Prudencio Hierro, los 7.000 euros no coinciden por “algún pellizco” que abonó “en mano” el entonces diputado foral Alfredo De Miguel. El empresario admite que benefició a De Miguel por su condición de cargo público y afirma que fingió pagarle unas obras para que pudiera evadir el IVA.
Construcciones Hierro López de Arbina participó en las obras de “Portal de Castilla Sur” en Gasteiz, junto a Urco y Urbasa, grandes morosas de las haciendas vascas y de Nafarroa. También operó en Aretxabaleta, Gipuzkoa. Y fue beneficiada con la adjudicación ejecución obras “acondicionamiento de local para Sala Polivalente” de Legutio. Además, ganó la adjudicación de la piscina municipal al aire libre en el concejo de Gaubea en Araba y la obra del sótano de interconexión y pasarela entre módulo M y N de Gasteiz.
La familia Hierro también realizó una obra por cerca de 500.000 euros adjudicada por el ayuntamiento de Santurtzi en 2009, meses después de las obras en casa de la esposa de Alfredo De Miguel.
Construcciones Hierro López de Arbina ha tenido relaciones con otras empresas controladas con renombrados burukides o hijos de burukides. Montó la UTE Miñano con Construcciones José Antonio Olabarri, implicada en un affaire relacionado con el museo del txakoli en Bakio. El hijo del expresidente del PNV, Asier Arzalluz, imputado en su día en el caso De Miguel, ha asesorado a Construcciones Olabarri. Arzalluz estaba acusado de inyectar fondos de una entidad pública (Denominación de Origen del Txakoli de Bizkaia) a la trama De Miguel.
Un informe policial añade que otra empresa administrada por Prudencio Hierro, Gestión de Recursos Baio, quiso entrar en un negocio de la mano de Construcciones Loizate para la construcción de 160 viviendas en Mijas, Málaga. El grupo Loizate era propiedad de Jon Iñaki Echaburu, “conseguidor” también imputado en el caso De Miguel. Para ello crearon Ezkibel Servivios Inmobiliarios en Málaga. Grupo Loizate ha dejado un agujero de más de un millón de euros a la entidad pública Bizkailur. El “conseguidor” Etxaburu dirigió Solinor SL: debe a Bizkaia otro de un millón euros.
Un miembro de la familia Hierro López de Arbina ha sido representante de Urvasco (familia Iráculis) en reuniones con el ayuntamiento de la capital de Euskadi. Empresas de la familia Iráculis deben 14,5 millones a las haciendas vascas. Fiscalía vasca llegó a solicitar 13 años de cárcel para un miembro de la familia Iráculis (grupo Urvasco) por fraude fiscal. Los Iráculis son una saga familiar emparentada con un excargo del Gobierno Vasco (Esteban Garmendia) cuyo hermano figura en los papeles de Panamá.
Tanto la familia Iráculis como la familia Olabarri (mercantil que formó UTE con Construcciones Hierro López de Arbina) han manejado intereses en Panamá. Los Olabarri compartían intereses en Panamá a través del grupo Urbiz con el abogado jeltzale Fernando Lamikiz, investigado junto a los Olabarri por su relación con el patrimonio de un exalcalde de Bakio condenado por corrupción: Txomin Rentería. El exalcalde de Bakio, condenado por fraude a las arcas públicas y falsificación, había favorecido al hermano del “Bárcenas del PNV”: Nicolás Mendizabal, extesorero del PNV.
Comisiones de la trama, según consta en la literatura judicial:
“Prácticas de la mafia siciliana, pero con un toque vasco”
Los Hierro-López de Arbina ya había sido adjudicatarios para reformas en edificio gubernamental Lakua I en 1999: más de 181 millones de pesetas. Años antes, una familia italiana vinculada a la mafia había participado en la construcción de edificios gubernamentales de Lakua.
https://twitter.com/Ahoztar1972/status/965578617995612160
El fiscal de la trama del 4% de brukides del PNV en Araba habla de “prácticas de la mafia siciliana, pero con un toque vasco”. ¿Se ha pasado de frenada? Diría que circula con freno de mano puesto. Me remito a las prácticas de la “mafia vasca” con toque “siciliano”.
La mafia italiana participó en la construcción de la sede del Gobierno Vasco, alojada en la oficina del arquitecto de Sabin Etxea: Koldo Eguren, vinculado ahora a un grupo de empresas investigado en su día por la Hacienda de Araba. Mientras Berlusconi firmaba su primer convenio de comunicación en el Estado con ETB, su testaferro mafioso hacía negocios con la fontanería del PNV.
El exsenador Dell-Utri ha sido investigado por blanquear donaciones de la Mafia a la campaña de Berlusconi a través de una empresa de Bilbao ligada a la familia del denominado Bárcenas del PNV: Niko Mendizabal, exjuntero y extesorero del PNV. En la firma del convenio Guggenheim Bilbao participó otro senador mafioso, De Michelis.
En 1984, un juez italiano (referente de Baltasar Garzón) investigó el nexo del presidente Bettino Craxi con el tráfico de heroína y armas. En el sumario figuraban al menos 3 firmas vascas de Eibar, Gernika y Gasteiz. Se trataba de armas destinadas en gran parte a Arabia Saudí.
El propio Arzalluz reconoce en sus memorias las excelentes relaciones entre el PNV y la mafiosa casta de la socialdemocracia cristiana italiana, con la que su partido mantuvo importantes alianzas “europeístas”. El propio Craxi fue mentor de Berlusconi, socio de ETB y de un fontanero del PNV: el hermano del denominado Bárcenas del PNV.
En el oasis vasco vivimos en la cultura del miedo. Bajo la ley del silencio del PNV.
Otro constructor imputado ejercía de conseguidor para la trama de los exburukides
El crédito para la obra de Construcciones Hierro López de Arbina en la sede del PNV en Gasteiz fue concedido por el director de Ipar Kutxa en Álava, Pablo Larrabide, que finalmente fue desimputado. Aitor Tellería, otro exburukide imputado, figuraba de alta como trabajador de Landaburu Etxea, junto a Roberto González Muro: exportavoz del PNV en Juntas Generales de Araba.
Roberto González figura en el último informe policial sobre el caso relacionado con un supuesto cobro de comisiones ilegales con el otro constructor imputado, Jon Iñaki Echaburu, a raíz de una adjudicación de obra pública en el municipio de Lapuebla de Labarca. También trabajó para una de las empresas del núcleo duro de la trama, Errexal, investigada por cobrar 130.000 en contratos públicos del Gobierno vasco de los que no consta su realización.
La actividad empresarial del “conseguidor del PNV” y “constructor del 4%”, Jon Iñaki Etxaburu, se traduce en una docena de firmas extinguidas. Bizkaiko Bideak adjudicó a Solinor (dirigida por Etxaburu) una obra de más de 700.000 euros y recibió de Lakua una ayuda de medio millón pesetas. También operó con los ayuntamientos de Bilbao y Galdako. Solinor está vinculada al grupo Ros Casares: pretendido por Alfredo De Miguel para operar en Costa del Sol y moroso de Araba: 32 millones de euros.
En Catramilla SL Etxaburu compartía intereses con las familias Guzmán y Lipperheide (vinculados a los papeles Panamá) y un miembro de la trama vasca de Marbella (un grupo de empresarios con intereses en Panamá y ligado al fraude fiscal del caso Bravo de Hacienda de Gipuzkoa) imputado por un affaire urbanístico en Aragón que salpicó a Kutxa. Grupo Loizate, la cabecera de las empresas de Etxaburu, recibió 400 millones de pesetas en contratos de Lakua entre 1995-1997. Y entre 1998-2007, cerca de siete millones de euros de Interior y cinco millones de euros más de ayuntamientos de Araba.
Agricultura en el oasis vasco: terreno abonado con la corrupción
El entonces Consejero de Agricultura Gonzalo Sáenz de Samaniego encabezó una reunión secreta, celebrada en Sabin Etxea y a la que se refieren Alfredo Der Miguel y Aitor Tellería en un correo electrónico que figura en el caso De Miguel. La citada reunión tenía como objetivo sabotear un proyecto del sector agrario promovido por el hermano de un burukide del PNV, integrado en un grupo que más tarde denunció el favoritismo hacia Alfredo De Miguel. Cabe señalar que Martín Ascasibar, exdirector de Agricultura en el Departamento que encabezaba Gonzalo Sáenz de Samaniego, ha sido condenado por apropiación indebida por el caso Purines de Karrantza. La gestión de Agricultura en Euskadi es un terreno abonado con la corrupción: https://twitter.com/Ahoztar1972/status/960217446786519040
La firma electrónica del documento que se refiere al citado proyecto agrario saboteado por los burukides figura como «luisja telleria» y en el apartado “Organización” se lee «neiker teknalia [sic]». Los centros de investigación agraria y pesquera Neiker y Azti estaban dirigidos entonces por Luis Javier Tellería: por entonces director del Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco. Luis Javier Tellería saltó al consejo de administración de la polémica Lanalden (implicada en una denuncia por la gestión del Akuna Zentroa, entre otros affaires) junto a Xabier Arruti: miembro del Gipuzku Buru Batzar y exconsejero de la quebrada Etorlur.
https://www.revistahincapie.com/azkuna-zentroa-adjudicacion-bajo-sospecha-a-familias-del-pp-y-pnv/
Algunas fuentes relacionan al ertzaina Jesús García Ozaeta, alias “Txuri”, con Gonzalo Sáenz de Samaniego: exConsejero de Agricultura. “Txuri” fue relacionado con la trama de espionaje del caso Tellería. Los ertzainas Carlos Lau Etxarri y Jesús Acha Morrás fueron procesados y absueltos en el caso Tellería de espionaje. Aitor Tellería está ahora imputado por el caso De Miguel. El fiscal de este caso también investigó la causa de espionaje. Entre los colaboradores de la trama de espionaje figuraba el periodista Jesús María Zuloaga y “Txuri”: agente de la Unidad de Información y Análisis.
Radio Euskadi había desvelado datos sobre el caso Tellería. Algunas fuentes relacionan a Txuri con un periodista de esta emisora. A Txuri lo conocí a raíz de una denuncia que me interpuso Kepa Santiago, exmando de la Policía Judicial que comenzó a colaborar con la Audiencia Nacional. La Ertzaintza se presentó como acusación particular en un juicio contra redactores de la revista Ardi Beltza y Txuri no acudió al juicio como testigo de nuestra defensa.
Como miembro del equipo de investigación de la revista Ardi Beltza, desvelé la relación de Txuri con Kepa Santiago (alto mando de la lucha anti-terrorista) en un proceso por inducción al narcotráfico que había sido noticia años atrás en el diario Egin. Txuri había estado vinculado a la izquierda abertzale en su día y durante un tiempo estuvo vetado en la Unidad de Información de Análisis.
Kepa Santiago figura en investigaciones judiciales y periodísticas sobre proxenetas vascos vinculados a mafias policiales en Catalunya. Kepa Santiago pidió una excedencia para ser administrador de una empresa de seguridad privada (Abymatic) vinculada a un clan de proxenetas que figuraba (junto a dos ertzainas) en un informe secreto de la Guardia Civil sobre la corrupción en el cuartel de Intxaurrondo. El delegado de la zona norte de Abymatic era el exjefe de la Policía Criminal, Natxo Ormaetxe, más tarde jefe de seguridad del Grupo Ormazabal. Ormaetxe está casado con la abogado del “fontanero arrepentido” del caso De Miguel: Josu Arruti.
Dos agentes de la unidad de Asuntos Internos, por entonces liderada por Gervasio Gabirondo, me entrevistaron en sendas ocasiones para recabar datos sobre Kepa Santiago. Algunas fuentes vinculaban a Gabirondo con EA. Gabirondo era el mando que dirigió una intervención contra el equipo de investigación de Egin, un equipo que en denunciar la corrupción del PNV y PP. Más tarde, Kepa Santiago me denunció, la Ertzaintza recurrió a un abogado de Interior para personarse como acusación particular y terminé condenado. Cabe señalar que en su día un familiar del clan de proxenetas al que se refería la información de Ardi Beltza había asesorado a un familiar de uno de los proxenetas en un juicio por homicidio.
Mientras realizaba unas fotografías a Kepa Santiago para la revista Ardi Beltza, fui interceptado a punta de pistola por el agente Álvaro Benegas Jaén. Este ertzaina se había formado en Arkaute junto a Iñaki De Juana Chaos, más tarde acusado de pertenecer a ETA.
La inteligencia del partido al servicio de la trama de corrupción
Los agentes de la Ertzaintza implicados en el caso Tellería habían encargado a Jesús María Fernández Benito, alias “Tarta”, espiar al PP en Gasteiz. “Tarta” había sido candidato de Innovación Democrática, partido creado por exmiembros de Unidad Alavesa y personas cercanas al Foro Ermua. “Tarta” comenzó la colaboraron con los servicios militares de la dictadura en 1963 y trabajaba en el Gobierno Civil de Bizkaia. En 1981, el Consejero de Interior Luis María Retolaza lo fichó para la puesta en marcha de la Ertzaintza junto a otros militares del Ejército español. Retolaza había sido investigado por su relación con las escuchas ilegales al exLehendakari Carlos Garaicoechea, por entonces líder de EA. Atutxa habría alejado a Tarta de Interior y terminó de enlace entre la Unidad de Investigación y Análisis de la Ertzaintza, las FSE y el CNI.
El agente Jesús Acha, implicado en el caso Tellería, tiene un hermano que era edil del PP en Arraia-Maeztu. Uno de los investigados por la trama de espionaje del burukide Tellería era el entonces presidente del Partido Popular de Aiara, Santiago Abascal Escuza. El padre del ahora dirigente de Vox se personó en la causa como acusación particular. Aitor Tellería, entonces procurador del PNV en las Juntas Generales junto a Abascal, había recabado datos de una empresa en la que trabajaba la hija del Santiago Abascal Escuza. El PNV quiso implicar en el caso Tellería al antiguo gerente del PP en Araba, Antonio Palacios.
Años más tarde el PP, utilizando datos publicados en mi libro sobre los Jóvenes Burukides Bizkainos, denunció la adjudicación de 200 contratos públicos por un importe superior a 65 millones de euros a firmas vinculadas a Asier Atutxa y su hermano Iskander Atutxa. El fiscal Josu Izaguirre ya denunció que la investigación del caso Tellería había sido bombardeado por tierra, mar y aire por elementos extraños. El PNV ha puesto en su diana al Izaguirre, fiscal del caso De Miguel, y éste no ha conseguido ser nombrado Fiscal Jefe de Euskadi. El fiscal del caso Tellería y del caso De Miguel trabajó en la Fiscalía de Lugo y el PP lo denunció por “persecución”.
Entre los investigados por la trama de espionaje figuraba un hijo de otro experto en estos asuntos, Juan Mari Atutxa. Se trataba de Asier Atutxa: exmiembro del Bizkai Buru Batzar, expresidente del Puerto de Bilbao y ahora fichado por la consultora PWC.
Entre los espiados también figuraban Juan José Ochoa de Eribe (exparlamentario, exDiputado de Obras Públicas y exDiputado en el Congreso) y un desimputado del caso De Miguel: Asier Arzalluz (expresidente de Bizkaiko Txakolina, entidad que inyecto fondos a la trama De Miguel.
El PNV trató de implicar en el caso Telleria a un exConsejero de Interior del PSE, Rodolfo Ares. El entonces secretario general del PSE alavés, Txarli Prieto, era otro de los espiados. Víctor García Hidalgo, exsecretario provincial de Organización y exdirector general de la Policía estaba implicado junto a Txarli Pieto en el caso de los pagos por las reformas de las sedes del PSE que archivó Juan Calparsoro: por entonces Fiscal Jefe de Euskadi.
Iñaki Anasagasti, protagonista del caso Eresoinka en 1983, llama ahora “sinvergüenza” a Alfredo De Miguel
Anasagasti compatibilizó su cargo en el Consejo de ETB mientras era accionista de Eresoinka: una productora constituida en paralelo a la creación de la televisión pública vasca. Su hermano es responsable de varias productoras VIP del clientelismo en ETB y fichó a Itxaso Atutxa
https://elpais.com/diario/1983/03/30/radiotv/417823202_850215.html … https://elpais.com/diario/1983/03/31/radiotv/417909605_850215.html …
Más tarde, Eresoinka pasó a denominarse Irusoin. La productora pasó a manos de un abogado VIP del PNV y de Iñaki Alzaga: responsable del Grupo Noticias junto a Juan José Baños. Baños fue socio de un empresario vasco implicado en los papeles de Panamá.
https://eitb.lab.eus/?q=node/73
Cabe señalar que el empresario jeltzale Jesús Echave, condenado por el caso Hiriko, está vinculado a medios de comunicación del PNV.
https://twitter.com/Ahoztar1972/status/1067132247071956994
El citado abogado VIP también fue socio de otro empresario jeltzale implicado en los papeles de Panamá. Alzaga llegó a compartir intereses con Miguel Ángel Rodríguez (exportavoz del primer Gobierno de Aznar) en una empresa de publicidad minada por la Diputación de Bizkaia. Entre los socios fundadores de Eresoinka figuraba Iñaki Goiri. Goiri fue denunciado por una empresaria por pedir comisiones en el caso Tragaperras y otro empresario refrendó esta acusación. Por entonces era responsable de Hacienda en Bizkaia.
El Tribunal de Cuentas había detectado más de 2.000 licencias ilegales en el caso Tragaperras. Pocos años más tarde, Iñaki Goiri fue nombrado miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PNV.
Hace diez años, Iñaki Goiri era responsable de TCSA (empresa adjudicataria del servicio de Bilbobus) y mantuvo una polémica con el PNV cuando rescindieron su concesión. TCSA acusó al PNV del ayuntamiento de Bilbao de practicar el «matonismo» y el «linchamiento».
Marketing para el partido
Borja Legarda ha sido director creativo en las agencias Dimensión Interactiva, Nemónica, Publiquorum y Plan B. Creó con Unai Robredo, Yurdana Burgoa e Ibone Txertudi la agencia El Bureau de la Comunicación y la Publicidad. Todos ellos han estado vinculados a numerosas agencias de comunicación y comparten intereses con una empresa mimada con adjudicaciones públicas, Arista.
Otra directiva que ha compartido intereses con ellos es miembro de la familia Knorr. El marketing de Kutxabank está en manos de VK Comunicación, dirigida por Virginia Knorr. Entre 1995 y 1998, Virginia Knorr fue asesora de comunicación del Departamento de Industria y de la Vicepresidencia del Gobierno Vasco y también trabajó para el Grupo Ormazabal.
El hermano del ex diputado Pradera maneja una empresa, Dominion, en la que confluían intereses de “SuperLópez” Arriortua, la exministra Isabel Tocino y el exministro Carlos Solchaga. Dominion es la responsable de la página web de Turismo de Euskadi.
La lista de clientes de estas agencias incluye numerosas entidades públicas, pero también a empresas como Urazca: vinculada a los papeles de Bárcenas y a la trama del caso De Miguel. Otro cliente de esta red de agencias es Alaiki, fundada por un burukide (Gotzon Bilbao) y el alcalde de Basauri Andoni Busquet.
Yurdana Burgoa, vocal de un lobby de la casta política denominado ACOP, ejerce de directora de Gabinete y Comunicación Departamento Hacienda y Economía Gobierno Vasco. Itziar García, coordinadora de ACOP, ha sido asesora de comunicación responsable del PP en Euskadi y jefa de prensa del PNV en el Senado. Su carrera fue aupada por Iñaki Anasagasti y un responsable del PNV en Gipuzkoa, Joseba Antxustegi. Ademñas ha trabajado como coordinadora del lobby Beers & Politics en Euskadi.
Otra agencia de esta red, Innevento, participó en la creación de Kiden: una empresa promovida por el entonces director y privatizador de servicios en ETB, Andoni Ortuzar. Kidem estaba dirigida a la gestión de apuestas deportivas y juegos de azar. También podemos sumar a esta lista de agencias mimadas con adjudicaciones públicas a MBN Comunicación, creada por el exjefe de comunicación del exDiputado General de Bizkaia José Luis Bilbao (ahora en el Tribunal de Cuentas tras un ataque de desmemoria sobre paraísos fiscales y fajos de billetes) y dirigida por un hermano de Sabino Arrieta Heras: excargo del PNVen la Ertzaintza convertido en ultra-rico que protagonizó el último pelotazo inmobiliario más sonado de Miami y el pelotazo de la venta de Sidenor.
PNV ha sido “campeón de España” en donaciones anónimas. Entre 1987 y 2007, los partidos políticos habían recibido 100 millones de euros en concepto de donaciones anónimas hasta su prohibición en 2007. El PNV ingresó más del 25% del total, 27,5 millones de euros.
En la fotografía aparece el autor en la pancarta desplegada para arropar a la testigo que destapó la trama de comisiones en Araba del caso De Miguel.
Los JoBuBi pescando en las aguas revueltas del PNV
Ajustes de cuentas en la elección a la presidencia del Araba Buru Batzar
En octubre de 2015, hasta seis nombres sonaban para dar relevo en la presidencia del Araba Buru Batzar al que fuera Diputado General Xabier Aguirre, tocado por el caso De Miguel. En esta pugna se había colado Unai Grajales, exedil en Gasteiz que se significó en su apoyo público a Alfredo De Miguel cuando fue detenido e imputado. Otro aspirante sería Jon Uriarte, exdirector de la Ertzaintza y exadministrador de PCI Security Doctors: una firma por cuyos contratos con Osakidetza y Spri se interesó la comisión de investigación parlamentaria del caso De Miguel. Entró en la terna el exdiputado José Antonio Suso, un jelkide que reprochará la “pena de telediario durante nueve años” del caso De Miguel, “el PNV no tiene nada que ver en este proceso” añadía.
También entraba en las quinielas la actual Consejera de Interior, Estefanía Beltrán de Heredia, pero debía abandonar el gabinete de Iñigo Urkullu por el régimen de incompatibilidades del partido. Otra mujer que aspiró a la presidencia del PNV alavés, Pili García de Salazar, fue mano derecha de Andoni Ortuzar hasta que saltó a número dos en la Diputación de Araba. En su defecto sonaría el nombre del fundador de Gizkaer (conocida por elaborar el EiTB Focus sobre predicciones de resultados electorales) Jon Urresti, actual presidente de la Fundación Vital que en su día formaba a los futuros burukies.
Claudio Rodríguez, ex teniente de diputado foral de Álava, llegó a ser la mano derecha de Xabier Agirre entre 2007 y 2011. Claudio Rodríguez, entonces asesor de la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial Ana Oregi y responsable del área Institucional del Araba Buru Batzar, era desplazado por la influencia política creciente de Pilar García de Salazar. Rodríguez había afirmado que la entrega de los carnés de afiliados al PNV por parte de los imputados respondía a una exigencia del partido, “para preservar al Partido Nacionalista Vasco”.
El tribunal interno del PNV obligó a repetir la elección de la presidencia del Araba Buru Batzar. El órgano de control avalaba la designación de Xabier Aguirre, pero apreciará irregularidades en la votación cuyo resultado otorgaba la mayoría en el ABB a los afines al presidente saliente, Iñaki Gerenabarrena. Un expresidente salpicado por el caso y actualmente en nómina de la misma entidad pública en la que fue recolocado el ya imputado Alfredo De Miguel.
Las votaciones dejaron a Agirre al frente de una ejecutiva con 14 miembros afines a su rival, Iñaki Gerenabarrena. La decisión del tribunal interno avaló la elección de Agirre gracias a 33 votos, siete más que Gerenabarrena. Pero obligará a repetir la votación que eligió a los 14 miembros de la ejecutiva provincial, así como la relativa a la designación de los 22 representantes alaveses en la Asamblea Nacional del partido. Entre ellos figuraba un excondiscípulo mío.
Los “aguirristas” recurrieron al considerar que algunos de los apoderados desoyeron el mandato y el voto delegado de sus respectivas organizaciones municipales. Entre broncas internas en distintas juntas municipales, el entonces presidente del ABB Iñaki Gerenabarrena llegó a ser reprobado por más de un afiliado presente en la asamblea de la junta municipal de Avendaño. En esta junta algunos pedían su dimisión “si seguía siendo incapaz de echar del partido” a los implicados en el caso De Miguel. Josu Jon Imaz, el presidente más efímero del PNV que se había atribuido haber denunciado el caso Bravo en Gipuzkoa, había contado con apoyos en la citada junta municipal en su pugna con Joseba Egibar, presidente del Gipuzku Buru Batzar.
Otro de los reprobados fue Ramiro González como candidato a la alcaldía de Gasteiz por no saber euskera, pero el PNV se defendía afirmando que ello “demuestra” que en el PNV no se “eligen los candidatos a dedo”. Malentxo Arruabarrena concitaba las mayores adhesiones entre las bases vitorianas, pero terminó excluida por el ABB en la lista de candidatos.
En 2007, el propio Iñigo Urkullu se convertirá en el nuevo presidente del PNV al quedar como único candidato. Se materializaba así el asalto al poder de los Jóvenes Burukides Bizkainos, cuyo máximo representante es el actual presidente del EBB: Andoni Ortuzar. Ningún otro aspirante superó el filtro de la Comisión de Garantías para pasar a la segunda vuelta a la presidencia del EBB en manos de Urkullu. Los otros dos principales nombres que habían recibido votos de las bases, Joseba Egibar e Iñaki Gerenabarrena, ya habían manifestado “su intención de no dar la batalla interna en aras a la unidad del partido”. Egibar había renovado su cargo en la presidencia con críticas de una minoría que no se sentía adecuadamente representada en el Gipuzku Buru Batzar.
