La fiscal jefe de Bizkaia, Carmen Adán del Rio, ha registrado una marca olímpica de sorpresa al archivar, por prescripción y al mismo tiempo falta de pruebas, la investigación del supuesto amaño del polideportivo de Pinosolo, de 53 millones de euros, en el vizcaíno municipio de Leioa que implica al ex alcalde Eneko Arruebarrena y al ex concejal Jon loizaga, ambos del PNV. Los delitos denunciados de información privilegiada y el de estafa estarían prescritos, a juicio de la fiscal Carmen Adán del Rio. El Tribunal Vasco de la Competencia ya consideró que el concurso de adjudicación estaba concertado entre el Ayuntamiento y la empresa Arcain. Así vino a declararlo la propia mercantil para resarcirse de la multa del Tribunal, alegando que recibió el proyecto del mismo Ayuntamiento años antes de que saliera siquiera a concurso. El criterio de la fiscal para contabilizar la prescripción equivale a un olímpico lanzamiento de jabalina. Considera que el delito de malversación, de cometerse, tuvo lugar no en la adjudicación, ocurrida en 2011, sino mucho antes, en el intercambio de información que parece acreditada y que ocurrió tres años antes, en 2008. Con esa consideración, el delito obviamente parece prescrito. Otras voces difieren y reivindican públicamente que la justicia investigue y proceda.
Diego Garteiz es arquitecto de DGM Arquitectos, una firma perjudicada por la rocambolesca adjudicación del polideportivo de Pinosolo. Interpuso una denuncia por la vía contencioso administrativa aún en curso. El domingo 4 de octubre de 2015 publicó una carta en el diario El Mundo, en la que exponía su decepción por la decisión de la fiscal. Sin duda, lo que se denomina con laxitud corrupción tiene en la via judicial su camino final, además de ser el necesario cauce punitivo que puede ayudar a su atemperamento. El sorprendente archivo o la desestimación de causas en vía de instrucción hace que las miradas se dirijan a la justicia, y a la fiscalía del País Vasco en concreto.
Diego Garteiz se pregunta por qué la fiscal sitúa la comisión del delito de malversación en la etapa en la que Ayuntamiento, empresa adjudicataria y Diputación están hilando el ovillo de la información concertada. «Según su decreto, si alguien amañase un concurso público con cinco años de antelación y retrasase la licitación hasta transcurrido ese mismo periodo, el delito sería totalmente inimputable porque habría prescrito. Así que bastaría dar a los amigotes cinco años antes las claves para abrir la caja fuerte del banco que te emplea, las llaves de un coche para robarlo o las claves para ganar un concurso público amañado para que los hechos no tuviesen consecuencias penales. Estaríamos ante un hecho de «corrupción en diferido» con células durmientes de felices corruptos aguardando su momento dulce: «Chicos, lo dejamos todo cocinado, y en cinco años, fiesta», dice Garteiz.
Los archivos presentados a la fiscalía, tal como Garteiz afirma, revelan «una concertación previa, un acuerdo entre los evaluadores y los concursantes, entre el sector privado y el público, entre la empresa Arcain, a las órdenes del Ayuntamiento y la UTE Aros-Viuda de Sainz. En definitiva, daba igual la idoneidad técnica del proyecto, sí o sí serían adjudicatarios».
«El daño que todo este clientelismo está haciendo a nuestra sociedad es inmenso».
La voz de Garteiz parece una afonía. El escándalo Pinosolo en el municipio vizcaíno de Leioa es un múltiplo más de los casos que en Euskadi van saltando desde la década de los 90 a portadas y telediarios. Un continium que sufre un repentino freno en los pasillos de los tribunales. La desestimación de la fiscal Carmen Adán del Rio es el último, aunque probablemente no el definitivo ejemplo convertido en la metáfora vasca de la irreguralidad. La mercantil Arcain opera hoy bajo la marca I-Ingenia Ingenieria y Consultoría. A pesar del archivo, la fiscalía aún tramita una causa separada del caso: la denuncia de un funcionario del ayuntamiento de Leioa que fue secuestrado a punta de pistola, y una grabación en la que se detallan las relaciones con el PNV de las empresas adjudicatarias del fallido polideportivo, las constructoras Aros y Viuda de Sainz.
