El 22 de octubre de 2017, después de que el Consejo de Ministros decidiera activar las medidas autorizadas por el Senado, el Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, a las órdenes del ministro de justicia, inició las primeras querellas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra los miembros del Govern y la Mesa del Parlament catalanes. Se inició entonces la ríada de detenciones de independentistas electos que el 25 de marzo de 2018 provocó la detención en Alemania de Carles Puigdemont, líder y electo independetista. El gobierno de Mariano Rajoy adujo que estaba aplicando el artículo 155 de la Constitución. Añadía, además, un delito de «rebelión» de los independistas. Más de cien profesores de derecho penal de diferentes Universidades españolas salieron al paso del gobierno. Consideraban este un delito «inexistente», y cometido en todo caso no que no por las personas a las que persegúia el gobierno. En 23 de marzo, el juez del Tribunal Supremo Pablo llanera, dictaba prisión provisional incondicional a los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa y a la expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell. Algunos constitucionalistas ya han calificado de «estado de excepción» lo que el gobierno español ha decretado no solo en Catalunya, sino en España entera.
Casi al mismo tiempo en que en la frontera alemano-danesa Carles Puigdemont fuera retenido, el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo avanzaba en el diario.es una sentencia palmaria: el gobierno estaba aplicando el estado de excepción para aplacar y eliminar a sus adverarios políticos en Catalunya, los idependetistas.
A las diez y veinte de la noche se habían celebrado multitudinarias manifestaciones en pueblos y la capital de Catalunya. Miles de manifestantes se dirigieron a la embajada alemana y a la delegación del gobierno en Barcelona. Ante el cordón policial de la policía autonómica, gritaron: «estais defendiendo una dictadura». Minutos antes, el president del Parlament catalán, RogerTorrent pedía «inteligencia colectiva». La prensa en la capital del reino, unánime hasta ser una única voz casi oficial, editorializaba contra los indpendentistas que habrían «atacado el estado de derecho». La misma prensa y las diferentes cadenas de televisión presentaban titulares más bien futbolísticos, resaltando la «derrota» del «secesionismo», de «su farsa» y celebrando «la caída» de Carles Puigdemont. Por contra, nada parece indicar que el procés catalán haya perdido fuerza alguna. El estado de persecución ya internacional aclara a buena parte de la pobación catalana las fallas de derecho del gobierno español y la práctica totalidad de sus partidos, incapaces al parecer de distanciarse del estado de excepción que se aplica en Catalunya.
