Los partidos políticos tienen una concepción de la democracia que conculca los más mínimos preceptos del derecho. Subvierten con una impunidad taxativa los pilares del estado de derecho que pretenden defender cuando se arrogaron ya en 1978 en exclusiva la redacción de la carta magna en España. Se trata de un golpe de Estado in pectore. El ejemplo implosiona con la llamada crisis por el poder en el seno del Partido Popular que libran el líder Pablo Casado y la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró en la cadena COPE, que alguien le había dejado ver u ofrecido datos privados y sometidos a custodia sobre la declaración del modelo 347 del hermano de la presidenta de Madrid. En el modelo 347 las empresas, y autónomos, reflejan la facturación global realizada del año anterior – es decir, del 2020 – superior a los 3.000 euros. Casado aseguró que de lo que había visto o le habían dejado ver, se desprendía la obtención de una comisión de 286.000 euros en una adjudicación para la obtención de mascarillas en China que ascendía a 1.250.000 euros sin IVA. “La cuestión es si cuando morían en España 700 personas”, dijo Casado en la radio, “se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas”.
Dado que el plazo de la presentación del modelo 347 es en abril, y entonces la agencia tributaria recibe todos los modelos, cabe suponer sin riesgo de duda que alguien de la administración pública, un cargo con acceso no restringido pero sí rastreable, ofreció esos datos al líder popular. En el mismo momento en que el señor Casado estaba recibiendo esa información, se estaba cometiendo, con su necesaria participación, la comisión de un delito. Salvo que acto seguido el líder del PP se hubiera dirigido al juzgado de guardia y presentado la ordinaria denuncia.
Muy lejos de eso, el proceder del señor Casado fue presentar meses después a Díaz Ayuso la bomba sobre su hermano. El motivo no era otro que soliviantar las aspiraciones de Díaz Ayuso para hacerse con el control del partido. Además del gusto calabrés, lo que pudieran esconder los datos, tenían, y tienen, también su enjundia. La adjudicación a una empresa de un íntimo conocido de los Díaz Ayuso que se dedica al textil, para la adquisición de mascarillas de China, no vulnera la ley de contratación Pública. Esta establece que un cargo público no puede contratar a un familiar con una vinculación de por lo menos segundo grado.
Se desprende de la admisión de la propia Díaz Ayuso que su hermano cobró al menos 55.000 euros y no 286.000 por “gestiones” en la obtención del material y el traslado de China a España, es decir, por todo el proceso por el que había contratada la empresa del amigo.
Ni el señor Casado ni la señora Díaz Ayuso han presentado papel, documento alguno, ni siquiera justificación apócrifa ni de las acusaciones vertidas ni de las exoneraciones presentadas.
El electo, congresista y juramentado de la Constitución y de una concepción liberal del régimen político, Pablo Casado, ha recurrido a la quiebra fraudulenta, más próxima al retorcimiento jesuítico de un vulgar inquisidor: dada la existencia de un cobro ilegal, emplazamos al reo a que justifique los exactos extremos de la misma, a fin de que si no hubiera delito, por lo menos defienda su honra. Pero es que el principio que Casado da por cierto no solo ha sido obtenido mediante delito, sino que no se aporta prueba alguna.
Y ahora supongamos que Pablo Casado, obediente jurante de la Constitución y aspirante al gobierno, además de abogado cuyo título tiene y también divaga en la sospecha, fuera un juez y tuviera que dirimir la culpa o la absolución de un mortal común.
Existe en la epistemología de este proceder un carácter autoritario. No ya porque el Partido Popular, a través de una mediocre panda de fontaneros sometiera a una investigación a Ayuso – y cabría preguntarse de quién más – , sino de los límites de hasta dónde el poder se ve legitimado para protegerse a conculcar los principios o incluso, no la ley, sino llegar al delito penal – como ocurriera al muy patriótico y progresista gobierno del PSOE con el terrorismo de Estado –.
No se dirime en la crisis caníbal del PP sino una escondida filosofía estaliniana del poder, y, de otra parte, aún más grave si cabe: que ni los fiscales hayan dado la voz de alarma ante las gravísimas acusaciones de Casado. Probablemente porque sabían que, solo 24 después, el líder Casado iba a dar por buenas unas explicaciones de Ayuso que tampoco explican, más allá que la comisión en uno de los contratos era solo de 55.000, la naturaleza exacta de la adjudicación y el verdadero papel del hermano. Es decir, de verter las más graves acusaciones a dejarlo pasar si Díaz Ayuso se comprometía a no invadir la aspiración política de optar por el gobierno de España.
No es por tanto, una crisis del PP. Lo es del sistema entero de partidos. Y también del sistema constitucional español que solo genera aguas negras.
