Entre los años 2012 y 2015 el Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano judicial en España, recibió «cursos de formación» de la empresa Agbar (Aguas de Barcelona) en materia de «Derecho de Aguas». Como desvela la revista Atlántica XXII, en ese periodo de tiempo numerosos tribunales regionales fallaron en favor de Agbar en los litigios sobre tasas y precios en municipios o regiones donde se viene privatizando la distribución del agua. De mientras, Agbar ha ido elaborando una red de contratos en municipios mediante «conseguidores», que la juez de Lugo instructora del Caso Pokémon, Pilar de Lara, cataloga como «una verdadera asociación ilícita»: sobornos a cargos públicos, redes de clientelismo, pagos ilegales. En la propia web de la fundación de Agbar figuran, entre los magistrados que optaron al convenio de «formación» con el CGPJ: Dimitry Berberoff, jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo; Jacobo Quintáns, magistrado de la sala social del Tribunal Superior de Cataluña; Manuel Taboas, magistrado del Tribunal de lo Contencioso de Cataluña;José Manuel Maza, de la sala segunda del Supremo; César Tolosa, magistrado de lo Contencioso del Tribunal Supremo; o Antoni Bayona, letrado mayor del parlamento de Cataluña.
En su número de mayo la revista Atlántica XXII recoje el testimonio de la apertura del curso sobre «Derecho de aguas» que Agbar ofrece en 2012 a una treintena de magistrados de alto rango:
«El agua es un bien escaso que dentro de muy poco tiempo no podrá sostenerse. Eso de los usos generales, gratuitos, a los que todos, más nuestros abuelos que nosotros, estábamos acostumbrados, no será posible. Por eso debemos trabajar todos juntos en una única dirección, poner en común obligaciones, necesidades, y esos problemas que tiene el poder jucidial para aplicar la normativa. No es sencillo. Hacer llegar esas dificultades al sector económico que se ocupa de la gestión de las aguas tiene su importancia y su valor»
Quien habla es Pilar Fernández Boal, abogada del Estado en excedencia, y ex consejera de la Generalitat catalana. Supone toda una declaración de intenciones del objetivo y el fin perseguidos por la multinacional.
El convenio entre Agbar y los jueces quedó sin efecto el 1 de enero de 2016, según ha podido saber Atlántica XXII. Fue la denuncia del partido Soberanía, formado por un grupo de abogados ante el máximo órgano de los jueces lo que provocó el fin del convenio.
La tasa o tarifa, quid de la cuestión
El servicio de agua potable en España supone el mayor gasto en los presupuestos municipales. Hoy el 60% de la distribución de agua potable está privatizada en manos de Aquafest-Agbar, Aqualia-FCC y Acciona. La batalla legal en torno a los conceptos de tasa o precio puede inclinar a favor de las multinacionales la balanza del beneficio. Mientras que el servicio contratado del agua mediante tasa permite que el beneficiario del servicio de agua siga recibiéndolo aún no pudiendo pagar, la tarifa o precio permite que el suministrador corte el servicio ante un impago del usuario. Encajar el derecho del corte con la universalidad del derecho al agua potable que reconoce la legislación española es el campo de batalla que libra con denuedo Agbar.
