Antonio Miguel Carmona yacía muerto a la misma hora en la que los noticieros informaban de su ascenso al consejo de administración de la principal compañía eléctrica del país. El forense subrayó en su informe de letra corrupta: colapso ambicioso en el ventrículo izquierdo del corazón. El gobierno se apresuró a distanciarse de Antonio Miguel Carmona. A una buena parte del país le extrañó la abrupta postura del gobierno. Carmona recibiría 1.600 euros a la semana de sueldo para abrillantar aún más si cabe la imagen del gigante eléctrico Iberdrola. La primorosa mayoría del país recibió con sorpresa la muerte de Antonio Miguel Carmona, pero con un azucarado destello de la sana envidia que es sottovoce en las cuatro esquinas de España: el valor en nuestra sociedad es un equivalente del precio de todas las cosas y de cada cual.
En los altos despachos del país con aroma a perfume de cine, esa mañana predominó un intercambio de frenética información. La muerte del malogrado Antonio Miguel estaba amortizada desde ya, decían los primeros informes. Otros añadían que el mensaje había sido recibido en otros despachos. En tercer lugar, decían los últimos análisis, todo permitiría hacer una gran tinta de calamar con la que volver a negociar con la seguridad de la discreción oportunidades para empresas y gobierno sin aventuras fuera de la ley del santo mercado.
Pero el cadáver del poco llorado Antonio Miguel se vio acompañado en un improvisado salón de tanatorio político nacional. Mientras España se ahoga porque el recibo de la luz es una soga de esparto que ha subido gracias a un decreto del gobierno llamado de izquierdas, los beneficios, y los precios adquieren tintes volcánicos.
De mientras, en los ayuntamientos y los parlamentos autonómicos, los partidos que componen el gobierno central de España elaboran una compota de mociones con fruta fuera de temporada, henchida de gas pasado, todo ella de un metano oliente. Así que la muerte del bueno de Antonio Miguel Carmona es la muerte anunciada de un viajante político de izquierdas. El gobierno teme que sea un preámbulo de un ictus otoñal.
