Foto: José Ramón González. El Mundo
El hombre que ha sido condenado pudiera ser cualquiera. De algún modo lo es, porque la labor desempeñada hasta ahora pudiera ser la causa de buena parte de la sociedad. Es un juez. Un juez de un pueblo cántabro pequeño, pero del pueblo que tiene un número de imputados por corrupción muy superior al que figuran en todos los grandes procesos conocidos en la historia de España. Casi todas las causas las instruyó él. Ahora le ha condenado un tribunal aceptando la acusación de uno de los promotores en su día imputado y condenado. La causa contra el juez fue archivada por el Tribunal Superior cántabro. El mismo que ahora le ha condenado a un año y medio de cárcel y tres de inhabilitación profesional. Con la misma soledad con la que instruyó las investigaciones, el juez Acayro parece estar rodeado por todas partes excepto una: el mismo. Siete meses después de archivada la causa, la sala segunda del Tribunal Supremo admitía el recurso del promotor y la fiscalía, y sentaba en el banquillo al juez. La prensa regional, ligada a diferentes clanes promotores que aprovecharon el boom urbanístico en Cantabria, hizo coplas del juez en un juicio paralelo sutil y contundente; con la sentencia pone al juez la etiqueta de primer condenado. Pero en el banquillo de los acusados se sentaron en realidad la propia justicia como estamento y algunas de sus destacadas figuras en Cantabria que aquí se señalan. También la prensa.
El juez Luis Acayro es un férreo defensor del sistema que no sólo no le defiende, sino que le ataca. No ha hablado con ningún medio, y tampoco con HINCAPIÉ, ni de la rocambolesca acusación, ni de lo que la prensa ha publicado de él previamente al juicio, ni de la sentencia que puede apartarle de la judicatura. El lugar donde ha podido defenderse por primera vez en siete meses ha sido en la sala del Tribunal que le ha condenado. Quien ha presidido esa sala es nada menos que José Luis López del Moral, vinculado al PP y director de justicia de Madrid bajo el entonces presidente autónomico Ruiz Gallardón, y desde 2008 presidente del Audiencia provincial cántabra.
La soledad de Acayro es propia de un personaje de García Márquez. Es la de quienes instruyen, denuncian o investigan casos de corrupción en los municipios de España. La causa contra el juez es un presunto delito de revelación de secretos – los antecedentes del promotor Jon Loroño -. Si la vista oral dejó más o menos a las claras lo fundado o no de la causa, falta dilucidar cual es la causa de esta causa. Nada más conocerse que el Tribunal Supremo sentaba al juez Acayro, el promotor Jon Loroño declaró a El Diario Montañés: «Los jueces no son estrellas, son gente normal. Acayro está haciendo un daño increíble, pero afortunadamente el resto de jueces no son como él«. Para el diario, la intención del promotor es «que el magistrado acabe fuera de la judicatura«.
El juez López del Moral, presidente del Tribnal Superior de Cantabria. Foto: poderjudicial.es
El caso contra el juez Acayro es el caso de la justicia en Cantabria. Su origen está mucho más allá que la propia denuncia que hizo contra él el promotor Jon Loroño, como las declaraciones de éste evidencian. En el transcurso de una diligencia informativa que el Consejo General del Poder Judicial elevó al juez Acayro, este respondió añadiendo en su defensa algunos de los antecedentes del promotor que estaban incluídos en una causa de 2009. El mencionado promotor y la fiscalía le acusaron entonces de haber revelado información confidencial del mismo promotor, contenida en el archivo, al mismísimo órgano de los jueces. La querella fue admitida e instruida por la magistrada, a propuesta del PP, de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Paz Hidalgo. Acayro instruía la imputación en algunos de sus sumarios de electos del PP, como el ex alcalde Iván González. Hidalgo, acusaba al juez de haber accedido voluntariamente a los datos «en perjuicio del titular de los mismos y en beneficio propio e interés particular».
En febrero de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria archivaba la causa con el voto discrepante del juez Juan Piqueras, partidario de celebrar juicio. El promotor Loroño y la fiscalía recurrieron ante el Tribunal Supremo. Siete meses después, la Sala II del alto tribunal, con Juan Ramón Berdugo como ponente, avalaba la acusación del promotor y la Fiscalía.
No es un western
El municipio cántabro de Castro se convirtió en los años 90 en la Marbella cantábrica. El estipendio de licencias urbanísticas provoca que su población se multiplique a la par que el precio de la vivienda, y su reventa. La especulación se dispara. El interventor del ayuntamiento castreño, Fernando Urruticoechea, eleva en aquellos años cientos de informes de reparos. El arco político con representación en el ayuntamiento mantuvo un enconado enfrentamiento con el interventor que ponía en solfa las modificaciones presupuestarias, adjudicaciones, y contratos. Aquellos informes en los que informaba de cientos de irregularidades que dejó el interventor tras marcharse perseguido, fueron la base para las instrucciones que incoaría un juez recién llegado al juzgado de instrucción número 2: Luis Acayro Sánchez.
La debacle del boom urbanístico en Castro y el proceder clientelar de todos los concejales de todos los partidos políticos ha dejado al municipio con un espectacular déficit de equipamientos culturales o deportivos que debían haberse construido; el IBI de los castreños es de los más altos de Cantabria; es la población donde figuran dos mil viviendas construídas desde años con luz y agua de obra, refugio de miembros de clanes que tienen así un domicilio que no consta como vivienda; es el municipio con la tasa de violencia de género más alta de toda Cantabria. El dinero de las plusvalías urbanísticas que debía haberse destinado a equipamientos sanitarios, culturales o de espacios libres se esfumó a algún sitio. De ser la Marbella del crecimiento, Castro se convirtió en la silenciosa Sicilia cántabra. Por una parte la obediencia debida institucional de un número desorbitado de funcionarios designados a dedo. De otra, el poder de unos promotores que a través de la ordenación urbana a la carta obtenían más poder. En tercer lugar la debilidad y soledad quijotescas de quienes se opusieron al engranaje organizado en Castro. Y por último, la judicatura, caracterizada, como bien señalaba el promotor Loroño a la prensa, por jueces que «no son como Acayro».
Las causas instruídas tienen ya un alcalde, Fernando Muguruza, condenado.
La prensa ha gustado de interpretar la persecución al juez como un duelo entre el promotor Loroño y el magistrado. No es un western, sino más bien un thriller donde justicia y sociedad son a partes iguales las víctimas, pero la judicatura partícipe necesario de que los casos de corrupción se cercenen en la fase de instrucción.
Los detalles
En su aspecto más formal, la denuncia contra Acayro viene por la inclusión del juez en su respuesta al Consejo General del Poder Judicial, de ciertos antecedentes del promotor Loroño incluídos en el certificado de penales de 2009 y hechos públicos por la prensa tiempo antes. El juez incuía esos datos para defenderse de las acusaciones de las que el Consejo pedía explicaciones al juez, esclareciendo la animadversión del promotor hacia el juez instructor. El promotor y la fiscalía acusaron de revelación de datos confidenciales. El Tribunal Superior estableció que el juez no accedió a los datos penales, ni que estos hubieran sido extraídos del archivo de penales. Tampoco que el promotor sufriera dolo por la comunicación del juez de los antecedentes al órgano judicial, puesto que medios como Interviú ya los publicaron.
La jueza Paz Hidalgo. Foto: Agencias.
En el trámite que la juez Paz Hidalgo hizo, y que quedó desestimado, de la demanada del promotor, asegura que el juez actuó «por medio de la secretaria judicial, a la que requirió la consulta de antecedentes penales al margen de procedimiento judicial que lo amparase, y lo utilizó en perjuicio del titular de los mismos y en beneficio propio e interés particular«. Este parece ser el nudo gordiano, y coincidente, en el que se fundamenta el cerco último al juez. La secretaria judicial ratificó esta teoría en la vista del 4 dediciembre de 2015. Adujo para sostenerla que el juez le había pasado un post-it con instrucciones para acceder al archivo de penados. El juez sale al paso aduciendo que se comunica con sus soburdinados a través de cauces oficiales, y que ordenó unicamente el acceso a una fotocopia del certificado de penales de 2009.
El Tribunal que juzga al juez ha dado sobradas muestras de otorgar cal y arena en cualquier disquisición jurídica. En lo relativo a la más que evidente corrupción en Cantabria y en Castro en concreto, hay pocas dudas al respecto. Un magistrado que prefire mantener el anonimato desvela: «si el político supiera que el juez es libre, no habría corrupción». En el juicio a Luis Acayro se dilucida indirectamente si aquello puede llegar a ser posible en un país que está muy lejos de luchar conytra la corrupción sistémica en su vida cotidiana. De ahí al importancia de la sentencia a un juez de un modesto municipio de 30.000 habitantes.
«Un aviso»
Un funcionario conocedor de la realidad judicial en Castro y Santander lamenta: «es un toque para cerrar las ganas a jueces renovadores, y otro a funcionarios para que sepan que si colaboran con aquellos, pagarán las consecuencias». Por paradógico que parezca, nada ha sucedido desde la sentencia contra el juez Acayro, hace unas horas, que no sucediera dias, meses y años antes. En pleno pretendido debate electoral, ninguno de los partidos catalogados como emergentes ha puesto sobre la mesa el debate que supura con la rocambolesca sentencia al juez Acayro: cómo controlar a quienes controlan a los jueces. O dicho de otro modo: si abrir a la judicatura la gestión autónoma, y liberarla del control de los partidos; o proseguir con que jueces por designación política o con antecedentes de vinculación, como es el caso de Paz Hidalgo o el mismísimo presidente del Tribunal Superior de Cantabria José Luis López del Moral, delimiten el rumbo judicial.
La sentencia al juez Acayro puede ser recurrida. ¿Lo es también la causa de la persecución a este juez?
