La trastienda de las obras como las del Tren de Alta Velocidad ha desatado tensiones entre destacados dirigentes del PNV con distintos intereses en su construcción. Discrepan de los criterios y los ritmos de las obras. Además, las tensiones intestinales del PNV han llegado a afectar al Partido Popular. Algunos barones del PP han decidido puentear las órdenes de Madrid y erigirse en negociadores con el PNV. Estas tensiones intestinales afectan a los puertos de Euskadi.
La Asociación de Usuarios del Puerto de Pasaia, Giport, acaba de denunciar el “silencio institucional” ante el “ataque del lobby vizcaíno” al puerto de Pasaia. Giport “lamenta que los gobiernos vasco y foral asuman el negro futuro que dibuja” un estudio de Price Waterhouse and Coopers basado en opiniones de empresarios vascos.
El citado estudio, un “misil” con “sentencia de muerte” para el puerto de Pasaia, fue avalado por la consejera del Gobierno vasco, Arantza Tapia. El puerto de Pasaia supone el 1,2% del PIB de Gipuzkoa, según Giport. El reproche de Giport se extiende a la Cámara de Comercio de Gipuzkoa y al presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia, Félix Garciandía.
En cambio, Giport agradece el apoyo que recibe Pasaia por parte de UGT y del presidente de Puertos del Estado, José Llorca. Llorca defiende que el Estado mantenga el control sobre los puertos de Bilbao y Pasaia, mientras el PNV negocia su apoyo a los Presupuestos del PP con la intención de transferir esa competencia al Gobierno Vasco.
Familias del PNV y la casta premium vasca controlan de facto los puertos
Varias familias del PNV de Bizkaia se han apoyado en la casta premium vasca para hacerse con el control fáctico de los puertos de Euskadi. Se trata de las sagas jeltzales como los Corres, Javier Atutxa, Asier Atutxa, Candina, Guibert Ucín… y las sagas de la casta premium y profesionales de la erosión fiscal como los Erdhart, Lipperheide, accionistas de Noatum o Bergé, las familias de Consulnor, los clientes de PWC…
Consulnor y PWC mandan más en Euskadi que el PNV, mandan más que el PNV en su propio partido. Competencia abrió investigación contra las consultoras vascas en 2017 que apenas ha transcendido a los medios.
Consulnor comparte intereses con grandes accionistas de Vocento y BBVA como la familia Bergareche. El exDiputado General de Bizkaia José Luis Bilbao mantuvo un conflicto con Consulnor, según Koldo Mediavilla. Tras citar “fajos de billetes” y “paraísos fiscales” en un polémico discurso amenazador sobre empresarios que corrompen la política, Consulnor pidió la cabeza de José Luis Bilbao.
El exDiputado General de Bizkaia José Alberto Pradera, predecesor de Bilbao, figura en los papeles de Panamá asociado a un apellido fuerte de Consulnor: los Cardenal, ligado al PP. Javier Chalbaud (exsocio de Xabier Arzalluz) y Sabino Arrieta Heras (exalto cargo de Interior y ahora ultra-rico) compartían intereses empresariales con Consulnor.
El financiero de Xabier Arzalluz, Amantegi, fue socio de empresarios de Neguri que figuran en los papeles de Panamá. Asier Arzalluz, desimputado del caso De Miguel, fue secretario de los Amantegi: una familia con importantes intereses en el extranjero y con un miembro indultado por el PP.
PWC realizó el polémico informe sobre los salarios de los estibadores. Está implicada en el Caso Lezo, salpica a Kutxabank. La consultora también fue protagonista del affaire LuxLeaks: implicando a firmas con sede en Euskadi. PWC ha venido prestando sus servicios a la Diputación de Bizkaia, Kutxa, Euskaltel, Caja Vital…
El exviceConsejero de Hacienda Carlos Lambarri pasó por PWC y por Euskaltel. El gerente de la trama Lezo firmó en nombre de Retevisión un acuerdo con Euskaltel. En paralelo, Lambarri creaba una sociedad en Panamá con la ayuda de un exalto cargo de la Ertzaintza: Pedro Altamira.
PWC creó un lobby contra los gobiernos de EHBildu en Gipuzkoa. Lo hizo con el apoyo de dos bufetes de abogados:
-Uría & Menéndez: léase el exConsejero de Interior Javier Balza, el expresidente de Kutxabank condenado Mario Fernández y el exjuez Carlos Bueren.
-Cuatrecasas: fichó al hijo de un exalcalde jelkide de Donostia que está casado con la presidenta del Parlamento Vasco, asesora a la Diputación de Bizkaia y a imputados del PNV.
Javier Urizarbarrena, exDiputado de Hacienda de Bizkaia pega el salto a la dirección de PWC. El extesorero de Fundación Sabino Arana, Fidel Bustingorri, estuvo imputado por el caso PWC-IBM. Era socio de PWC, junto a Madariaga: fundador del de Grupo Campezo. Este grupo, sancionado por lidera el cártel de asfalto, es gran adjudicatario de las obras del TAV en Euskadi.
Licitaciones del TAV al 50% para afines al PP y PNV, mientras se indagan sobornos
El mayor volumen de adjudicaciones para las obras del TAV fue repartido entre empresas afines al PNV y al PP. Algunas de estas adjudicaciones han sido objetos de varias diligencias policiales y judiciales en torno a denuncias por sobornos a partidos. En una de las investigaciones se cita el “regaliz” para los partidos en Euskadi: cifra en un 24% las comisiones.
Asier Atutxa, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, negocia directamente con empresarios de Valencia o Nafarroa las posibles conexiones del TAV ligadas al Puerto de Bilbao. También negoció directamente con el alcalde de Burgos el desbloqueo de las obras del TAV. Ambos estaban interesados en conectar Burgos y Puerto de Bilbao a través del TAV. El ministro de Fomento, el vasco Iñigo De La Serna, mostró públicamente su desacuerdo con esta reunión a la que no acudió el alcalde jelkide de Bilbao.
El alcalde de Bilbao tampoco se desplazó a una reunión de los alcaldes jelkides Eneko Goia y Gorka Urtaran con el lobby del PP en Burgos. Entre los presentes en la reunión estaba el primer empresario español encarcelado en su día por corrupción: Méndez Pozo. Esta reunión no fue para nada del agrado de la Consejera Aratza Tapia. No es baladí señalar que el esposo de Tapia ha dirigido varias firmas (creadas por Andoni Ortuzar en su etapa de director de EITB) ligadas a una denuncia judicial del sindicato LAB.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ya señaló en su día que a “Urkullu solo le interesa a quién se adjudican las obras del TAV”. Durante las negociaciones sobre el Cupo, PNV y PP tardaron 24 horas en ponerse de acuerdo para dejar la corrupción fuera de la mesa.
Pero a última hora, tras el estallido del caso Lezo, el PNV amenazó con poner el asunto sobre la mesa de negociaciones. Habida cuenta que Kutxabank había invertido seis millones de euros en la trama Lezo en diciembre de 2016, amén de las pérdidas del banco vasco por participar en el proyecto Castor de Florentino Pérez: salpicado por la trama Lezo.
El PP desatascó las negociaciones desbloqueando las obras del TAV en Euskadi y ofreciendo prioridad al proyecto de conexión con Burgos. Arantza Tapia montó en cólera públicamente cuando se incluyó Burgos en las negociaciones para desbloquear las obras del TAV en Euskadi.
Del affaire de la lonja de Pasaia hasta el fiasco de Denokinn en Bermeo
El affaire de la lonja de Pasaia lo ha protagonizado el Grupo Balzola: abandonó las obras del Canal de Deusto, pero su fundador 
fue premiado por el PNV con un cargo en Kutxabank. También abandonó las obras del canal la firma Viuda de Sainz: vinculada a la carrera del extesorero del PNV y ahora presidente de la BBK: Xabier Sagredo. Viuda de Saiz y Balzola son a su vez grandes adjudicatarias de las obras del TAV en Euskadi. Otro importante adjudicatario del Puerto de Bilbao, Comsa, está implicado en el caso 3% de CiU.
El actual director de desarrollo industrial de Lakua era vocal de puerto de Pasaia y ha sido investigado por el caso Purines. Un exdirector de Agricultura está implicado en los casos Purines y Denokinn, pero no fue obstáculo para fichar por Altuna y Uría: gran adjudicatario del TAV.
Cabe recordar las conexiones con el Puerto de Bermeo del affaire Denokinn y uno de sus fiascos: el barco laboratorio de Inovalab. Estos asuntos tuvieron como protagonista al entonces alcalde de Mundaka: Unai Rementería, actual Diputado General.
