Con demasiada frecuencia los gestores de la verdad no quieren difundirla, no tienen el menor interés en que ésta sea conocida por una amplia mayoría, porque en los tiempos actuales pareciera que está mal visto posicionarse a favor de saber qué es lo que ocurre o ha ocurrido. Además, hacerlo es un riesgo real para periodistas e investigadores que, en su afán por descubrir esa verdad, se tropiezan con infinidad de obstáculos e incluso con la desidia de esa mayoría que no desea informarse. Cuando las versiones de un mismo suceso se multiplican hasta el punto de distorsionar los elementos que lo configuran y el tiempo no ofrece una perspectiva esclarecedora necesaria, tan solo queda esperar que alguien implicado cometa un error, un comentario indiscreto o una confesión comprometida.
Esta es la impresión, a grandes rasgos, que me han descubierto las páginas del libro La verdadera noche de Iguala. La historia que el gobierno trató de ocultar (editorial grijalbo) escrito por Anabel Hernández, periodista mexicana amenazada, y actualmente expatriada, a causa de las indagaciones realizadas en las cloacas del poder, porque como bien anota en la sinopsis “ningún país puede seguir adelante sin conocer la verdad a la que tienen derecho las víctimas y la sociedad”.
Su trabajo deriva de los relatos de algunos protagonistas en los hechos acontecidos aquel 26 de septiembre del año 2014 en el municipio mexicano de Iguala, cuando “desconocidos” secuestraron a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Ambas poblaciones pertenecen al Estado de Guerrero, una región muy castigada el siglo pasado por las acciones contrainsurgentes del gobierno y últimamente por la actividad de cárteles de la droga y del crimen organizado. Ni siquiera el famoso destino vacacional de Acapulco, en la costa guerrerense del océano Pacífico, escapa a la violencia.
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En la información que la periodista publica, se dice que esa tarde del día 26 varios alumnos normalistas de segundo y tercer año acudieron a la Terminal de buses de Chilpancingo con el propósito de confiscar algunas unidades para transportar luego a los compañeros de otras 
Escuelas Normales Rurales de la República hasta la Ciudad de México, en una conmemoración que recordaba al movimiento estudiantil que fuera masacrado por fuerzas militares y policiales el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Sin embargo, los alumnos estaban siendo monitoreados por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) gracias a las cámaras instaladas en diferentes puntos de la ciudad. Así que, cuando los estudiantes llegaron a la Terminal, se la encontraron custodiada por soldados y fuerzas policiacas.
Ante la imposibilidad de hacerse con los autobuses en la capital del estado, regresaron a las instalaciones escolares en Ayotzinapa, donde se decide acudir a la ciudad de Iguala con ese mismo objetivo. Un grupo de estudiantes aborda la unidad de la compañía Estrella de Oro en el peaje de la autopista Cuernavaca-Iguala. Otro grupo hace lo propio en la de Chilpancingo-Iguala con otro bus de la misma compañía. Y un tercero lo intenta, pero el conductor, después de prometerles la entrega de la unidad, los retiene en el interior de la misma al llegar a la Terminal de Iguala. Los estudiantes llaman a sus compañeros por teléfono móvil y aquellos arriban para liberarlos a la estación en los dos buses Estrella de Oro confiscados. Allí acuerdan dejar ese bus y apropiarse de otras tres unidades, dos de la compañía Costa Line y una de la Estrella Roja.
Pasadas las nueve de la noche, los normalistas se organizan para abandonar Iguala en los cinco autobuses. Mientras un bus de Estrella de Oro y el Estrella Roja aciertan con la salida hacia la autopista, los dos de Costa Line y uno de Estrella de Oro se extravían y se adentran al centro de la ciudad. En el cruce de dos calles, una patrulla de la policía municipal les bloquea el paso y les dispara. Ese tiroteo se concentra especialmente en la unidad de Estrella de Oro, donde resultan heridos dos jóvenes y veintiún estudiantes más son secuestrados. Según testigos, además de la policía municipal, también participan en el ataque policías estatales y personas vestidas de civil, con aspecto de militares. Incluso se detecta el retén formado por dos patrullas de la policía federal en las proximidades con el único fin de permitir la agresión.
Una hora más tarde, los buses que habían logrado acceder a la carretera federal son interceptados por policías municipales y federales a la altura del Palacio de Justicia. Los federales apuntan a los estudiantes y por medio de insultos los hacen bajar de los vehículos. Sin embargo, en los informes presentados posteriormente por la Fiscalía general del estado, se omite la existencia de la unidad Estrella Roja y ninguno de los catorce estudiantes que viajaban en la misma desaparecen o sufren violencia por parte de los cuerpos de seguridad. Por el contrario, la unidad de Estrella de Oro es atacada por los uniformados con golpes de palos para obligar a los estudiantes a salir, arrojando en el interior del bus gas lacrimógeno y pinchando las ruedas. Varios jóvenes logran escapar y corren a través del campo. Incluso algunos llegan a las puertas del edificio oficial a pedir ayuda al grito de “¡nos quieren matar, no están secuestrando!, pero los empleados les niegan la entrada y cierran la verja. Todavía hoy se desconoce el paradero de catorce normalistas que viajaban en ese autobús y de otros ocho que no hay confirmación del transporte en que viajaban. En el lugar de la agresión solo quedaron piedras y ropa ensangrentada. Un testigo que pasó por allí minutos después afirmaría que vio el bus abandonado, con todos los vidrios rotos, solo y sin la presencia de autoridades.
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Cerca de allí, un autobús de la compañía Castro Tours, que transportaba al equipo de futbol de “Los Avispones” de Chilpancingo que habían jugado un partido en Iguala, ha conseguido pasar el primer retén, pero ya en la carretera es detenido por policías federales que, quizá en la oscuridad de la noche y en la semejanza de colores de la carrocería, lo confunden con alguna de las unidades de Estrella de Oro requisadas por los estudiantes normalistas y lo asaltan. En el ataque mueren dos personas: el conductor del bus y uno de los jugadores del equipo, de quince años. En esa misma zona, horas más tarde, se hallará el cadáver de una mujer de cuarenta años que viajaba con su esposo en un taxi y que recibió tres disparos.
Un nuevo asalto se produce a medianoche en el centro de Iguala. Más que una persecución, los estudiantes huidos de los autobuses retenidos sufren una cacería humana. Aquí también se detectan elementos de cuerpos militares, posiblemente del 27 batallón de infantería con base en esa ciudad. En la balacera mueren dos estudiantes y hay varios heridos.
En resumen se contabilizaron 6 fallecidos por arma de fuego (tres de ellos eran alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa), más de 20 heridos (14 son escolares) y 43 estudiantes desaparecidos. Ninguno de los policías declaró lesiones o golpes.
A partir de este punto y de los datos aportados, la autora detalla los testimonios de los declarantes, muchos de ellos estudiantes implicados en los hechos, así como los informes realizados por las distintas fuerzas de seguridad (hasta cinco corporaciones se confirmaron en las zonas conflictivas: Policía Municipal de Iguala y de Huitzuco, Policía Estatal de Guerrero, Policía Federal, Procuraduría General de la República y militares de la Secretaría de Defensa Nacional). Las conclusiones obtenidas darían para escribir más de un libro.
Desde suposiciones que pretenden ver en esos actos de violencia una guerra entre cárteles de la droga (por la presencia permanente de organizaciones criminales en el Estado), hasta posibles represalias ordenadas por el entonces presidente municipal (José Luis Abarca Velázquez, Partido de la Revolución Democrática) contra los estudiantes por haber intentado reventar un acto político de su esposa (María Ángeles Pineda Villa, la llamada “Jefa” de Iguala, hermana de dos integrantes fallecidos del cártel de los Guerreros Unidos), que, en realidad, había finalizado para cuando los normalistas llegaron a la Terminal de buses. También se alientan razones de tipo político que quieren ver en los ataques a los estudiantes de la Escuela Normal Rural un escarmiento por su declarada militancia izquierdista y revolucionaria. Sin embargo, para la periodista hay claros indicios que le permiten conjeturar otra posibilidad: aquella por la que el Ejército mexicano tenía información del transporte de una importante carga de heroína en dos unidades de la Estrella de Oro, valorada en más de dos millones de dólares, y recibió instrucciones para proteger ese cargamento. Los estudiantes, sin pretenderlo, se habían convertido en testigos involuntarios.
En palabras de Anabel Hernández, “de acuerdo con esta versión, en el momento que los militares rescataban la droga de los autobuses, los normalistas a bordo se habrían dado cuenta de lo que estaban extrayendo de los compartimientos, imprevisto que detonó súbitamente la necesidad de desaparecerlos para no dejar testigos”.
No hay resultados determinantes; tampoco pruebas que pudieran resistir la más simple de las investigaciones. Solo hay referencias circunstanciales. Más de 100 detenidos. 6 civiles asesinados. Más de 20 heridos. Y 43 estudiantes desaparecidos, porque no les pertenecían los restos de los 28 cadáveres hallados en el mes de octubre de 2014 en una fosa común de Pueblo Viejo, ni tampoco los que aparecieron en La Parota. Han pasado más de tres años y continúan desaparecidos. Y lo peor es que quienes los desaparecieron siguen libres.
“La verdadera noche de Iguala” es un alegato relevante e instruido en la búsqueda de la verdad, esa verdad que reclaman los familiares de esos 43 jóvenes.
