El sumidero secreto de la cuestión de Estado en España y el Estado de la cuestión de su sumidero ha salido a la palestra. Y no precisamente porque la izquierda haya hecho esfuerzo alguno por abordar la Ley de Secretos Oficiales que se mantiene casi impólume desde el agraciado años del 68… español. Quien ha intentado dar un pasito adelante en la reforma de la ley que todo lo delcara secreto de estado, ha sido el conservador y democristiano PNV. Este propone que se fijen los secretos en 25 años para las materias secretas y 10 para las reservadas. En noviembre de 2016 se tramitó a iniciativa suya una reforma de ley. Cuando el 6 de febrero de 2017 acabó el plazo para incluir enmiendas, Partido popular y Partido Socialista han solicitado sucesivas prórrogas de una semana de duración cada una, la última el 8 de mayo. La ley no establece el límite de prórrogas, así que la maniobra de los dos partidos es sumergir en el sueño de Orfeo la reforma de la ley de secretos. La razón de estado y sus secretitos no verá el sol, como en los confines de Felipe II. Y Mariano Rajoy II y su ministro de Interior y el de defensa no se verán en el brete de tener que desclasificar material inflamable para el estado. Bastante hay con el que va saliendo de las propias cañerías del mismo y de las turbinas internas del PP.
La actual ley 48/1978, de 7 de octubre autoriza solo al Consejo de Ministros y a la junta de jefes de Estado Mayor a declarar clasificadas «los asuntos,actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyono autorizadas por personas conocimiento pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado». Y es así que el poder ejecutivo y la cúspide militar son los que ditaminan lo que es o no de interés público. Que resulta que es todo.
Pero el secreto keopsiano tiene una cámara secreta abierta. El artículo 10.2 de la ley establece que la delcaración de secreto «no afectará al Congreso de los Dipitados ni al Senado, que tendrán siempre acceso a cuanta información relclamen». Hasta ahí. Porque siempre hay un pero: «en la forma que determinan los respectivos reglamentos, y en su caso, en sesiones secretas».
En 1990, el gobierno de Felipe González, entonces ya implicado en el escándalo del terorismo de estado, elaboró un anteproyecto de ley que establecía multas de un millón de pesetas para el que tuviera conocimiento de asuntos clasificados como secretos o copias de documentos, o multas de 100 millones para responsbles de medios de comunicación que los hicieran públicos. Un informe del Consejo General del poder Judicial frenó las ansias liberticidas del gobierno. El sucesor en el gobierno español, José María Aznar, se apoyó en la ley de secretos para negarse a desclasificar documentos a solicitid del mismísimo Tribunal Supremo.
La propia ley 48/1978 previa a la constitución española, y por tanto no acorde a ella en tanto que restringe derechos como el de la información, tiene en sí la sempiterna contradicción de las dos Españas. Como destaca Monteserrat Quesada (1), en el preámbulo asegura que es un derecho general «la publicidad de la actividad de los órganos del Estado, porque las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas por todos». Quesada recoje la contundente relfexión del jurista César Molinero:
El Estado no puede tener más secxretos oficiales que los estabecidos por las normas de seguridad de la nación como Estado soberano, pero no puede amparar los llamados actos políticos o de gobierno, que no afectando a la Defensa Nacional, sean considerados como «materias clasificadas» por decisión del Consejo de Ministros.
De momento, como la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual. En secreto.
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(1) Montserrat Quesada, Periodismo de investigación o el derecho a investigar. Cims, 1997.
