«Sonsóles, no sabes lo fácil que es gobernar España»
José Luis Rodríguez Zapatero a su esposa. Reportaje de Juan José Millás “El viaje de Zapatero”, publicado en EL PAÍS Semanal el 23 de julio de 2006.
La Audiencia Nacional juzga la trama Kitchen que afecta a la cúpula de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra el ex ministro socialista José Luis Ábalos por la contratación irregular de mascarillas durante la pandemia. Y ahora el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado como investigado en el caso Plus Ultra. Dos escenas distintas. Dos gobiernos con distintos partidos apoyándolos. Una misma impresión: la clase política española.
El caso Plus Ultra tiene ingredientes de alto voltaje: dinero público, intermediarios, poder político y una empresa rescatada en plena pandemia. En 2021, el Gobierno concedió 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Aquel rescate, polémico desde el primer día, ha terminado convertido en una causa judicial con implicaciones políticas de primer orden.
La Audiencia Nacional investiga si existió una estructura orientada a obtener beneficios económicos mediante intermediaciones ante instancias públicas. Rodríguez Zapatero ha sido citado como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias. La imagen es devastadora: el primer expresidente de España entrando en el paisaje judicial de la corrupción.
Plus Ultra no es un caso aislado. Se suma a una cadena de sumarios y escándalos que atraviesan a la derecha y la izquierda, y salpican a las fuerzas periféricas. La corrupción no es ya un arma arrojadiza, y emerge una pregunta inmediata: ¿hasta dónde está gangrenado el sistema?
Las alarmas no llegan solo de los tribunales. En los últimos meses se han publicado libros sobre puertas giratorias, colonización institucional, deterioro democrático y corrupción pública. Son señales de una época.
Los dueños del Estado (Editorial Península), de Rafael Méndez, mira a las élites administrativas que se mueven entre lo público y los grandes intereses privados. Cómo matan (a mordiscos) nuestra democracia (La Esfera de los libros), de Elisa Beni, pone el foco en los contrapesos debilitados, la independencia judicial y el uso partidista de las instituciones. Corrupción pública. Los delitos de cohecho y tráfico de influencias (Editorial Dckynson), de Miguel Ángel Morales Hernández, vuelve sobre dos palabras que ya forman parte del vocabulario habitual de la política española: cohecho e influencia.
Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939, de Andrés Villena Oliver, publicado por Ariel, lleva en sus páginas el tránsito de personas y familias por los pasillos de la riqueza y la profusión de influencias hasta nuestros días. Son esas élites las que controlan los partidos.
Un precedente inevitable. En Gürtel, la trama, el periodista David Fernández que acaba de publicar un libro sobre Díaz Ayuso, llevó a cabo para Libros.com una de las grandes investigaciones sobre la corrupción política en España. El libro no pretendía ser una enciclopedia del caso, sino un relato ordenado del laberinto: Correa, “El Bigotes”, el tesorero Bárcenas, la caja B del Partido Popular, los testaferros, los sobresueldos, las comisiones, la UDEF. En definitiva, la relación entre política, dinero y poder.
Gürtel enseñó a una generación de ciudadanos el abecedario y vocabulario que hasta entonces pertenecía casi en exclusiva a jueces y periodistas: cohecho, comisión rogatoria, financiación irregular, caja B, testaferro. Desde entonces, cada nuevo caso se lee con una sospecha heredada: detrás de cada expediente puede haber una estructura; detrás de cada intermediario, una red; detrás del favor, un sistema.
A ese mapa se suma ahora Todos los hombres de Sánchez, de Ketty Garat, publicado por Deusto. El libro entra en el entorno del presidente del Gobierno y plantea una tesis dura: la corrupción no como accidente estadístico, sino como método de poder. El eco del título es evidente. Remite a Todos los hombres del presidente, el clásico sobre el Watergate. Aquí el escenario no es el Washington del acorralado Richard Nixon. Es la sede de Ferraz, La Moncloa, los ministerios, las empresas, los comisionistas y las lealtades tejidas alrededor del gobierno de España.
La corrupción es ya algo más que una materia penal. Es un género político, editorial y mediático. Cada caso deja un sumario. Cada sumario, titulares. Cada filtración, horas y horas de tertulias. Cada escándalo, un libro. Y cada nuevo nombre confirma una sospecha anterior: el problema no está solo en quienes se corrompen, sino en la facilidad con la que tantos pudieron llegar desde tan pronto tan lejos y durante tanto tiempo.
La erosión no alcanza únicamente la reputación de un ministro, de un expresidente o de unas siglas. Se erosiona la confianza en la clase política. Y cuando esa confianza se rompe, la desafección no se detiene en los partidos. Avanza hacia la democracia representativa.
Ahí está el verdadero riesgo. Que muchos ciudadanos dejen de distinguir entre las instituciones y quienes las ocupan. Que confundan democracia con reparto de poder. Parlamento con blindaje. Gobierno con red de protección. Partido con agencia de colocación. Y política con impunidad.
Solo una parte del Estado parece mantenerse en pie: el poder judicial. Aunque tampoco sin grietas, ni sin sospechas, ni sin presiones. Son los jueces quienes acaban abriendo las puertas que la política cerró. Son los sumarios los que levantan las alfombras. Son las instrucciones judiciales las que obligan a mirar donde antes solo había silencio.
Pero esa imagen también inquieta. Una democracia sana no puede depender siempre del juzgado. No puede esperar a que un juez haga el trabajo que antes deberían haber hecho los partidos, los parlamentos, los órganos de control y los propios gobiernos.
Cuando la regeneración llega por auto judicial y no por responsabilidad política, algo se ha roto.
Por eso el momento recuerda al clima previo al 15-M. No porque España sea la misma que en 2011. No lo es. Ni porque la protesta vaya a repetirse con las mismas formas. Pero sí porque vuelve una sensación familiar: la de una ciudadanía que mira a sus representantes y no se reconoce en ellos.
Entonces se gritó “no nos representan”. Era un lema contra la vieja política, contra el bipartidismo, contra los privilegios de una clase dirigente que parecía vivir instalada en otro país. De aquel malestar surgió Podemos, que prometió convertir la indignación en regeneración democrática. Venía a limpiar la política, a abrir las instituciones, a devolver la voz a quienes se sentían expulsados del sistema.
El balance ha sido mucho más que una decepción. Podemos no solo fracasó como alternativa: terminó convertido en parte del problema. La fuerza que nació denunciando la casta acabó reproduciendo muchos de sus reflejos: hiperliderazgo, luchas internas, purgas, sectarismo, dependencia del aparato, colonización institucional, cálculo de poder y una distancia cada vez mayor con la ciudadanía a la que decía representar.
Ahí está una de las claves de la crisis. En 2011 todavía existía una ilusión de recambio. Se podía creer que la protesta encontraría una salida política renovada. Hoy esa esperanza está mucho más erosionada. La vieja política aparece agotada, pero la nueva tampoco ha demostrado ser mejor. En algunos aspectos, incluso ha acelerado su degradación: más polarización, más trincheras, más propaganda.
Ya no se desconfía solo de los partidos tradicionales. También se desconfía de quienes llegaron prometiendo acabar con sus vicios y terminaron incorporándose a ellos. La regeneración se convirtió en reparto de poder. La indignación, en marca electoral. La promesa de cambio, en otra forma de ocupación del Estado.
Entre rescates polémicos, mascarillas, comisionistas, tramas ministeriales, viejos sumarios, nuevos investigados y libros sobre la podredumbre del poder, España vuelve a asomarse a una crisis de legitimidad. Pero esta vez con una diferencia decisiva: la ciudadanía ya ha visto fracasar también a quienes se presentaron como solución. Por eso el “no nos representan” vuelve a sonar menos como un eslogan y más como una sentencia. No solo contra los viejos partidos. También contra los nuevos. No solo contra la clase política. También contra la democracia que esa clase política, vieja o nueva, dice encarnar.
