El precio de la luz y el gas se disparan en plena ola de frío.
El precio de la luz sube un 35,8 % en lo que vamos de mes.
Son dos de los varios titulares de periódicos en estos días. Ya puestos en la letra pequeña nos enteramos de las razones del aumento: el fuerte incremento de la demanda, la baja generación eléctrica renovable (la fuente más barata), y la fuerte subida de los precios del gas (que encarecen los ciclos combinados), así hasta hacer que todas las causas y los efectos se correspondan dentro de la lógica de la liberalización del sector eléctrico que alumbró el mercado mayorista, donde se vende y se compra la energía para cada una de las horas del día siguente. Este punto admite ser matizado, y es que estas fuertes subidas de precio afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor. En la actualidad el 40% del total, 11 millones de usuarios. El resto se encuentra en el mercado libre, sujetos al precio del kw/h según lo determina la oferta de la última central que entra para satisfacer la demanda. Esto es como si vamos al supermercado y nos cobran todo lo que hemos cogido según el precio del producto más caro. Pero mas allá de la estructura y gestión del sector eleéctrico, conviene recordar por qué y cómo son muy pocas las empresas que dominan este estratégico sector.
Calentarse, cocinar, moverse o disponer de iluminación, son necesidades fundamentales en cualquier sociedad. Desde la Revolución industrial, la energía se ha convertido en un bien básico que ha permitido el desarrollo tecnológico y social. Sin embargo, en España la gestión de la energía ha pasado de ser un monopolio estatal a estar en manos de un grupo de empresas que controlan el mercado de la electricidad y que manejan a su antojo los hilos de la política energética.
El oligopolio de cinco empresas, de las que destacan tres, se reparten el mercado. Para conseguirlo no optan por convencer a los gobernantes, sino por comprarlos. Tres de los cuatro últimos ministros de Economía de los últimos veinte años han terminado cobrando decenas de miles de euros de Endesa. Se hacían y se hacen llamar consejeros.
Hace tiempo que estas empresas han optado por enrevesar el vocabulario, encriptar los conceptos y enredar los razonamientos. Peajes de acceso, tarifa de último recurso, costes de transición a la competencia, precio voluntario para el pequeño consumidor, peaje de respaldo, ingresos regulados, subastas, déficit de tarifa, garantía de potencia, tasación de precios…, todo con el objetivo de que no les comprendamos. Lo que sí es claro es que la pobreza energética en España origina diez mil muertos anuales (dato de 2014). Lo que si es meridiano es que desde la liberalización del mercado eléctrico (1997), las cinco grandes compañías de UNESA (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.On España y EDP) han extraído beneficios por valor de más de 60.000 millones de euros. Sin embargo la sociedad española tiene una deuda con este oligopolio cercana a los 30.000 millones de euros. Lo llaman déficit tarifario.
La electricidad española es la tercera más cara de Europa solo superada por Irlanda y Chipre.
¿Y qué decir del rescate de las eléctricas? En 1984 se decidió cancelar la instalación de cinco grupos nucleares (Lemoniz I y II, Valdecaballeros I y II, y Trillo I), la famosa moratoria nuclear. Estas instalaciones se habían proyectado con el aval del Estado y se decidió compensarlas con 729.000 millones de pesetas (unos 4.381 millones de euros).
“Es conocido que (…) el sector público hubo de rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico”. Juan Manuel Eguia Garay exministro de Industria y Energía.
Este rescate fue asumido por todos los consumidores a través de partidas incluídas en el recibo de la luz.
Quizás la burbuja más representativa de los años que llevamos del nuevo siglo, haya sido la burbuja inmobiliaria, pero existen más; una de ellas es la burbuja del gas que llevó a la construcción de centrales de ciclo combinado (que queman gas para producir electricidad) ahora infrautilizadas. Ante esta situación las eléctricas reaccionaron pidiendo compensaciones por las inversiones que hicieron. Olvidan que en un marco liberalizado cada empresa debería asumir su previsión de riesgo.
Para terminar esta primera parte, valga este extracto de la comparecencia de la portavoz del grupo parlamentario socialista Arantza Mendizabal, durante la presentación del documento de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas. 2002-2011: “ La realidad es que la negociación de la política energética se hace con las empresas a espaldas de este parlamento, se negocian las nuevas infraestucturas, la política de tarifas, la concentracción empresarial y competencia en los mercados energéticos, etc., y el trámite parlamentario es una ficción”.
*Este artículo está escrito principalmente por la información recibida de la lectura del libro “Cómo nos engañan las eléctricas” de Carlos Corominas, editorial Akal 2014.
