Zaldibar es un pequeño pueblo vasco situado en la cordillera entre Gipuzkoa y Bizkaia. Sus habitantes y los que habitan a 40 kilómetros a la redonda vieron hace meses la serie Chernobyl sin saber que en poco tiempo se convertirían en protagonistas de una catástrofe de menor magnitud pero similar trama y naturaleza. El pasado imita a la ficción y esta a la realidad. En Zaldibar hay dos muertos. Todo ocurrió con una encadenada precisión de consecuencias. El magnífico vertedero situado en la ladera del monte se desmoronó enguyendo a dos operarios que aún no han sido encontrados. El vertedero de Zaldibar alberga la mayor cantidad de amianto que pudieran imaginar quienes viven en sus alrededores. Son 16.148 toneladas que han ido recalando desde hace doce años provenientes de infinidad de lugares que no deseaban albergar semejante material altamente nocivo. Con el derurumbe, el vertedero de Zaldibar se convirtió en una hoguera de propulsión donde las emisiones de metano entraron en contacto con el amianto. La hoguera salida de esa espectral central de residuos ha ardido 12 días con sus 12 noches. Nadie sabe las emisiones tóxicas que se han lanzado al aire que respiran todas las poblaciones gipuzcoanas y vizcaínas a 40 kilómetros a la redonda.
El gobierno vasco recomendó no hacer deporte, salir a la calle, ni vender productos cultivados en la comarca durante una semana. Suspendió
el pertido de fútbol que a excasos kilómetros debían jugar el Eibar y la Real Sociedad. Al tiempo ninguna de las adminstraciones vascas
encontraba ni medios ni plan para localizar y recuperar los cuerpos de los dos operarios sepultados.
La emisión de dioxinas de amianto llegó incluso a contrapié. Antes de hacerse pública la existencia de decenas de toneladas de amianto
que ardían, operarios confiados y sin la debida protección habían inspeccionado el vertedero. Esto sería lo menos malo por pasar. Pronto las miradas se pusieron en los propietarios de la empresa que gestiona el vertedero, Verter recycling 2002 SL. Después en el gobierno vasco como máxima autoridad en la supervisión y control medio ambiental del País Vasco. Más tarde en el propio ayuntamiento y la licencia concedida.
El gobierno y el presidente vasco, Iñigo Urkullu, reaccionaron airadamente no frente al suceso sino frente a quienes examinaron la responsabilidad del propio gobierno y su departamento de medio ambiente. El último examen que el departamento había hecho del vertedero 
tuvo lugar el 19 noviembre de 2019. En él figuran numerosas anomalías. El documento al que ha tenido acceso Hincapié especifica que el departamento hará seguimiento de las mejoras que exigen se efectuen en el plazo de 30 días. Las deficiencias encontradas se referían a licencias y autorizaciones, protección del agua, residuos y condiciones del vertedero. Dos meses después el vertedero caía como un gigante con los píes de papel.
En la segunda semana sin encontrarse los cuerpos de los operarios, el gobierno vasco tomó la iniciativa, pero con alarmantes resultados. El dapartamento de salud levantó la alerta el día 16 de febrero. Días antes se habían detectado en el aire 719 fentogramos localizados en el barrio de San Lorenzo en Ermua. El día 16, el departamento de salud anunciaba que los niveles dibujaban una tendencia descendiente con respecto a días anteriores. Pero ese día 16 los niveles registraban 730 fentogramos. Esto parece concluir que los niveles entre los días 12 y 16 llegaron a ser muy superiores a 730 fentogramos. La administración vasca no ha querido especificar las cotas 
máximas de contaminación a la que ha estado expuesta la población. Para más inri, el día del eufórico levantamiento de la alerta, el vertedero volvía a arder.
Verter recycling 2002 SL está administrada por Arrate Bilbao Barinaga y Elena Susaeta Barinaga. Fue creada hace doce años por el empresario y promotor José Ignacio Barinaga Eguia. La prensa le ha apodado «el conde de Eibar». Tiene en su haber la constitución de casi una veintena de empresas, desde concesionarias automovilísticas hasta constructoras e inmobiliarias. Sus amistades llegan hasta el propio consejero de medio ambiente, del PSOE, Iñaki Arriola. Ahora Barinaga y las administradoras de Verter Recycling pueden verse envueltos en una investigación judicial. Con la escasa celeridad fiscal con la que goza el País Vasco, un posible juicio por la muerte de los dos operarios no tardará menos de 10 años en celebrarse. De momento se juega un partido de tenis entre la administración y la empresa getsora del vertedero de Zaldibar. El 5 de abril se celebran elecciones en el País Vasco, y el PNV, partido en el poder coaligado con el PSOE, debe sacudirse la enorme mancha que el desastre y la muerte de los dos operarios ha puesto sobre sus posibilidades electorales.
De mientras, bajo la capa superficial de las miles de toneladas, arde una cuestión que nadie ha mencionado. El derrumbe del vertedero no es solo el epitome de un cúmulo de irregularidades propias de un sistema de pillaje económico. El vertedero de Zaldibar puede ser la desastrosa metáfora del desarrollo ofuscado, las metrópolis de siete cabezas, y los planes urbanos territoriales. Y también algo más: el detritus de un País vasco post industrial que rebusca en su espacio natural donde poder verter el desecho de su constate crecimiento y el aumento de sus desechos nocivos. En plena campaña electoral, ningún partido de cualquier signo ha osado preguntarse por esta cuestión. La paradoja llegó en forma de noticia. El gobierno vasco preguntó el 24 de febrero a los ayuntamientos vascos si en sus vertederos públicos había espacio para el depósito de nuevos residuos. Todos contestaron que no. El País Vasco está al parecer sobrecargado. Y los cuerpos de los dos operarios sin viso de poder ser recuperados.
