En las primeras horas del 25 de agosto de 2015, la policía nacional filtraba a los medios de comunicación la detención en Madrid y ciudades de Marruecos de 14 «miembros de una red yihadista». Según encabeza el diario El País, «Pretendían reeditar en Marruecos y en España las masacres perpetradas por los integrantes del Estado Islámico (Daesh) con la intención de establecer un clima de psicosis e inestabilidad”. Pero la operación tiene sus pies de barro. El diario expone la prueba de carga de la policía: «Es el convencimiento de los policías españoles y marroquíes». A lo largo de la noticia no hay rastro de delito visible. La acusación toma otros derroteros literarios: un marroquí que regenta un locutorio en Madrid propiedad de un «ex dirigente de la comnidad islámica de San Martín de la Vega». Desde ese locutorio su regentador contactaba con gente en Melilla, puesto que tenía lazos sociales y familiares allá. La trama expuesta por la policía «Todos los arrestados están acusados de adoctrinamiento y captación de personas presuntamente (…) a través de las redes sociales con el fin de integrarlas en las filas de la organización terrorista Estado Islámico en las regiones de Siria e Irak que mantiene bajo su control». ¿Captación y adoctrinamiento a través de la redes sociales? Más bien parece que el salto policial se ha quedado sin red.
En 24 horas, la reverberación de la «tercera gran operación antiyihadista conjunta entre España y Marruecos en el último año y medio», pasa a la deshonrosa desaparición de digitales y papeles. A pesar de la agostidad que debido a la sequía de acontecimientos permite que una noticia de semejante terror pueda mantenerse, esta se desvanece en su propia endeblez. Fuego amigo. Pues no digamos que la prensa es sospechosa de no colaborar con entusiasmo con el gobierno y su gobernanza del terror inminente.
