Comparecencia del consejero de sanidad ante el parlamento vasco. Foto: europa press.
La investigación por el amaño de las oposiciones en la sanidad vasca en 2018 está poninedo al descubierto toda una costumbre clientelar al menos desde hace un par de lustros. Comenzaron investigándose la filtración de exámenes de angiología, anestesia, cardiología y digestivo. Como informa el periodista Iker Rioja en eldiario.es, el teniente fiscal de Álava, Álvaro Delgado, remitió el pasado mes de marzo a la juez que investiga las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas de 2018, Yolanda Varona, una larga denuncia de un facultativo que alude a que aparentemente se produjeron irregularidades similares en 2002, concretamente en una de las categorías investigadas ahora, Digestivo, en la que está imputado el autor del examen teórico y miembro del tribunal José Luis Cabriada, jefe de la especialidad en el hospital de Galdakao. Concretamente, la denuncia asegura que los resultados de entonces «apuntaban clarísimamente a una filtración en favor de médicos» afines al doctor Cabriada y califica los hechos como «el pucherazo de Galdácano».
El escándalo por las filtraciones ha supuesto la dimisión del consejero de sanidad, Jon Darpón, en marzo de este año. Darpón había sostenido desde mediados de 2018 que no había el menor indicio de irregularidades en la OPE vasca de sanidad. La investigación fiscal ha revelado que miembros del jurado habían alertado de las altas notas de opositores que ejercián en hospitales donde dirigían la especialidad los autores de los exámenes. Los denunciantes de las filtraciones, trabajadores en la red de salud vasca han sido apartados de sus puestos de trabajo por el departamento de sanidad que dirigía Jon Darpón.
Este escándalo prosigue su curso mientras se hace pública la condena a un alcalde del PNV en Getaria, Mariano Camio ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel como autor de un delito continuado de administración desleal y otro de falsificación continuada en documento mercantil. Camio fue el máximo responsable desde 1999 hasta 2007 del museo Cristóbal Balenciaga en Getaria. Su ampliación, presupuestada en 4,8 millones de euros, acabó costando 30 millones.
