El escándalo de un palacete protegido y derribado en Getxo para construir dos pisos de lujo para dos concejales y que tiene a tres ediles del equipo de gobierno y otras tres arquitectas municipales imputados por delitos contra el patrimonio y prevaricación, toma un giro ampliado. El colectivo vecinal Adi Hapo anuncia que impugnará en los tribunales el Plan General Urbano recientemente aprobado por los miembros del equipo de Gobierno, PNV y PSOE, junto a los votos del PP. El controvertido Plan Urbano que prevé llevar a cabo más de 5.000 viviendas, contiene irregularidades constantes y de mayor calado del que investiga el juzgado dos de instrucción de Getxo, según los miembros del colectivo Adi Hapo. Se da la circunstancia de que las tres arquitectas imputadas por el derribo del palacete son las tres máximas responsables redactoras del Plan de Ordenación Urbano recientemente aprobado.
Los damnificados por el nuevo Plan de Ordenación Urbano de Getxo se cuentan por miles, según este colectivo. Desde los 9.000 habitantes que viven en las vegas de los ríos Gobelas y Kandelu, que verán con la artificialización urbana para la construcción de casi 5.000 viviendas un riesgo de inundación inminente. Siguiendo por las 150 familias que verán derruidas sus casas, buena parte en el barrio rural de Andra Mari, epicentro de la operación urbana y fuente de multimillonarias plusvalías. Pero los damnificados se extienden a todos y cada uno de los barrios del municipio de Getxo.
Estos se amplían a un colegio, y a 150 familias, cuya guardería y edificio serán convertidos a corto y medio plazo en espacio para viviendas de lujo, o el espacio de ayuda psicosocial de la Fundación Argia de los Padres Trinitarios que el plan pretende convertir paulatinamente en solar urbano.
El dibujo de los males del nuevo Plan urbano que hace el colectivo Adi Hapo va aún más lejos, si esto pudiera ser posible. Getxo es el Chicago urbano del siglo XXI. Las irregularidades no se limitan a los procedimientos, los informes sospechosos o la ausencia de estos. Para el colectivo Adi Hapo, el escándalo no es sólo el del palacete, sino el propio Plan, de mucho más calado y beneficio. El Plan prolongaría el mismo proceder con el palacete en los siguientes años.
El suceder en Getxo tiene un aroma de novela García Marqueziana. Pudiera ser un apéndice a Crónica de una muerte anunciada o a La mala hora. Que hay una lucha cainita en el seno del partido en el poder en Getxo desde hace cuarenta años, es una obviedad como la lluvia en las tardes de nubes negras.
El colectivo Adi Hapo se dirige a todo el vecindario de Getxo en una campaña para conseguir aportaciones con las que sufragar el contencioso judicial que tiene ya perfilado. En su opinión, es el único paso que queda a todos los damnificados presentes y futuros, de corregir “los horrores” de este plan y su proyecto desmesurado de oferta residencial, además de “ilegalidades” superiores en número a la del palacete ahora en vías de juicio y serios indicios de delito.
Al mismo tiempo que este colectivo vecinal, afectado por el plan, hacía pública su llamamiento al pueblo de Getxo, Álvaro Gónzalez, discutido concejal responsable político del Plan y envuelto en un sonoro escándalo de adjudicación a una cuñada hace años, hacía público que ha firmado un decreto dando el plácet al proyecto de las viviendas de lujo que han permitido el derribo del palacete protegido. La Ertzaintza, en su informe a la juez, consideraba que el mismo proyecto de viviendas de lujo era ilegal desde su inicial expediente y viable para sus futuros propietarios y la constructora solo con el ilegal derribo del palacete protegido. Solo EH-Bildu ha salido al paso del sorprendente decreto del controvertido concejal Ávaro González y ha solicitado ante el juzgado la paralización de la construcción del edificio de lujo del que son copropietarios dos concejales imputados del equipo de gobierno del ayuntamiento de Getxo.
