Era un 15 de julio cuando la policía nacional entraba y clausuraba el diario vasco Egin por orden del magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Era un caluroso 15 de juilio de 1998. Junto al diario fueron clausurados la emisora Egin Irratia y el diario Egunkaria. Era el macro sumario 18/98 en el que el entonces ilustre magistrado relacionaba a los tres medios de comunicación y a varios de sus periodistas con la organización terrorista ETA. Dos de ellos pasarían años de cárcel. Hasta entonces, la libertad de prensa había tenido serios y duros sobresaltos en los que el gobierno de turno nunca era ajeno. Aquel día, el gobierno y la alta jerarquía judicial de España decidieron dar un paso mucho más grande: cruzar el rubicón. Jamás se había clausurado un medio de comunicación, aparte de la demolición del diario Madrid por el gobierno del dictador Franco en 1968. La propia constitución de 1978 ampara la libertad de prensa más allá del criterio ideológico de los medios. Los tres medios clausurados ese 15 de julio de 1998 eran próximos a la izquierda abertzale.
Fué el inicio del principio del fin de las garantías en España. El presidente del gobierno, José María Aznar, presumía de haberse atrevido al cierre de varios medios en plena democracia. Desde años atrás, algunos periodistas del diario Egin venían siendo hostigados por sus reportajes sobre los fraudes o desmanes de los gobernantes y responsables políticos en el País Vasco y las fuerzas de seguridad. El cierre fue la muerte de muchos pájaros sueltos con un solo tiro. Tras más de un decenio, quedó demostrado que no había vinculación alguna entre los medios clausurados y ETA.
La desmantelación del diario Egin pretendía atacar a la prensa que en ese momento era crítica y crecientemente influyente en la sociedad vasca. Desde entonces, no se ha constituído en medio alguno un equipo de investigación como el que había en Egin, que denunciara los cotidianos desmanes o corruptelas en el País Vasco. Es hora de decir hoy en día que en el proceso político que derivó en la firma del acuerdo de Lizarra-Garazi entre el PNV, partido en el poder, y la izquierda abertzale y en el que se habría la posibilidad a una declaración de independencia, el PNV planteó a la izquierda abertzale la supresión del equipo de investigación en un futuro medio de comunicación abertzale. Y quiso el destino que así fuera, y la artimaña se hizo ley vieja.
Para los creyentes del estado de derecho, el cierre de Egin y los otros dos medios es una vulneración gravísisima de las garantías democráticas. Para los cínicos como yo de entonces y de hoy, fue el germen de la debacle que hoy configura el estado de las cosas en el derecho: el estado del propio Estado. Pero algo que induce al pesimismo. Un dato simbólico: que la disidencia abertzale celebre hoy con la boca pequeña la batalla que consensuó perder, en favor de ensalzar mejores acuerdos políticos de hoy con el PNV. Realpolitik as usual.
El páramo informativo en el País Vasco, desbordante en su sordidez y superficialidad, supera a los medios de comunicación. El poder es tan bulímico en su corrupción que alimenta sin quererlo a una prensa total y absolutamente desprovista de interés por denunciar cualquier desmán cotidiano. La propia esclerosis de los 40 años de gobierno clientelar del PNV en Euskadi hacen metástasis en esta historia del cierre ilícito de tres medios de comuniciación. Lo nunca visto en Europa en su últimos decenios a excepción de la alemania de los 30. Sin embargo, parece que el País Vasco bienpensante no está para pensar demasiado. Las corrientes intelectuales del estatus quo están absortas en el relato post ETA. A la izquierda abertzale, al igual que hace 20 años, le complace haber hecho girar al PNV en favor de declarar a modo testimonial la inclusión de un difuso «derecho a decidir» en la declaración del nuevo estatuto de autonomía. Y la población vasca está a sus cosas. A veces oye cosas del juez de cerró Egin dando lecciones de derecho. Otras veces lee en periódicos a un juez hoy ministro de Interior que no cree que haya existido tortura en España. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de las nueve condenas a España por torturas, seis caso fueron a detenidos bajo instrucción y tutela suya. Tiempos modernos
