Este fin de semana es de locura para el PNV. El que fuera diputado de ordenación territorial en Alava, Alfredo De Miguel y segundo dirigente del partido en esa provincia, se haya imputado por la comisión de 21 delitos de corrupción. Junto a él se sientan en el banquillo otras 25 personas. La gran mayoría están ligados al PNV, o son empresarios que pagaron o ayudaron a pagar supuestamente comisiones ilegales a altos cargos del partido por la adjudicación de contratos públicos. La macrocausa conocida como caso de Miguel destapó hace casi diez largos años toda una trama de obtención de coimas gracias a la suculenta recalificación y gestión de la ampliación del parque tecnológico de Miñano, en los alrededores de la capital vasca.
Toda la trama de obtención de comisiones salió a flote cuando una abogada urbanista que se había hecho con el contrato de ampliación del polígono rehusó pagar, o «pasar por caja si o si» como la dijeron, una comisión que ascendía a 100.000 euros. El propio De Miguel, desde el correo oficial exigía a la adjudicada el pago de las coimas. Otros subalternos, también afiliados y con responsabilidad en el Partido Nacionalista Vasco, hacían lo propio en encuentros concertados en persona. Todo está grabado y documentado. Existía una red de «consultorías» – Kataia Consulting, Errexal, Ortzi Muga -. desde la que estos altos cargos del PNV cobraban servicios a constructores que en realidad eran pagos de comisiones de estos por la adjudicación de contratos en la administración vasca.
Pero esta semana el principal imputado, a espaldas de sus compañeros de partido imputados, está negociando con la fiscalía y el jurado una condena menor a cambio de reconocer varios delitos, al menos el de extorsión a la adjudicataria de la ampliación del parque de Miñano. El pacto para la salvación de De Miguel pasa porque el resto de imputados acepte un trato y decidan no declarar a partir del lunes que es cuando les toca en la parte final de la vista judicial. Este va a ser un fin de semana de muchas llamadas.
