En contra de la tendencia general de los gobiernos por inmiscuirse en la vida privada de las personas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de declarar la inviolabilidad de los teléfonos móviles sin orden judicial. Hasta ahora, la policía tenía libre acceso a la información del teléfono móvil de cualquier persona. En un simple control “rutinario” o en caso de arresto, los policías usurpaban el móvil, entraban en los datos del mismo y utilizaban esa información para engordar sus archivos o para incriminar a su propietario. De ahora en adelante eso se acabó si no se realiza con una orden judicial debidamente razonada ante un juez.
La corte suprema de los Esados Unidos basa su sentencia en el hecho de que en la era digital, y dado que los móviles guardan ingentes cantidades de información y de conexiones al alcance de la mano que los convierte prácticamente en ordenadores portátiles, la información de los mismos deba ser protegida por la ley. El acceso a su contenido, sin la relativa protección que le confiere una orden judicial, permitía que hasta ahora los policías incriminaran a cualquier persona por la información que obtenían de sus móviles. Esta sentencia, que previsiblemente se aplicará también a las tablets y a los portátiles, acota el proceder, cada vez más mediáticamente admitido de que el Gran Hermano, y especialmente su eslabón más bajo, los policías de a pie y los controles fronterizos de acceso a los Estados Unidos, gozaban de carta blanca para desnudar a su antojo la intimidad de las personas.
El Tribunal Supremo si admite que se les pueda quitar el móvil a las personas arrestadas y se guarde en lugar seguro a la espera de la correspondiente orden judicial, incluso deja abierta la posibilidad de excepciones en casos extremos de “ahora o nunca” como puede ser un secuestro o ante la inminente destrucción de evidencias. contenidad en el mismo Esta sentencia del Tribunal Supremo empezó con la demanda de “Riley contra California”. En 2009 la policía detuvo en San Diego a David Riley por tener el permiso de su coche caducado. Al acceder a la información de su móvil la policía le incriminó en un intento de asesinato, logrando encerrarle 15 años en la cárcel. En otro caso parecido, en Boston en 2007, Brima Wurie fue acusado de delitos de drogas y armas basándose en la información obtenida de su móvil. Ambos personas llevaron sus casos al Tribunal Supremo por separado, pero éste les ha contestado con esta sentencia conjunta que sienta un importante precedente.
La apelación a la seguridad nacional, comodín que hasta ahora sirvió para restringir el derecho a la privacidad de los individuos, y el todo vale para acceder a la información sobre las personas, encuentra por fin una raya roja infranqueable. Tirando del hilo de esta sentencia del Tribunal Supremo se puede abrir la puerta a cuestionar el indiscriminado apetito del NSA (National Security Agency) y de sus clones en otros países por acumular datos sobre la ciudadanía. Es de esperar también que el ejemplo norteamericano sea imitado por otros lugares, desgañitados en su mayor parte por crear leyes de protección de datos, cuya letra es rutinariamente saltada por jueces y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
