En su petición final, el fiscal Josu Izaguirre ha considerado la trama de cobros del ex dirigente del PNV Alfredo De Miguel similar a la trama Gürtel que sacudió al Partido popular español hasta hacerle perder el gobierno. El fiscal ha iniciado esta mañana en la Audiciencia provincial de Araba su exposición final, tras 9 meses de juicio y tras la autoinculpación de varios de los 26 imputados. Para el fiscal existía una «trama organizada» que va más allá del cobro de comisiones en torno al pelotazo de 65 millones de euros del parque tecnológico de Miñano. El «nexo común» de buena parte de los imputados era el PNV. El fiscal ha resumido la trama organizada en torno al entonces máximo responsable urbanístico de la Diputación, Alfredo De Miguel, como «prácticas más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio».
«El toque vasco, extorsionamos comiendo»
El caso De Miguel tiene su origen hace diez años. Alfredo de Miguel, ex ‘número dos’ del PNV y diputado de Urbanismo exigió a la empresaria Ainhoa Alberdi una comisión de 120.000 euros, luego rebajada a 100.000, por la adjudicación de la ampliación del parque tecnológico de Miñano. No fue la única en ser informada que debía «sí o sí» pasar por caja». Alberdi fue la única en negarse. Otros empresarios han admitido haber pagado comisiones a De Miguel.
El fiscal Izaguirre ha descrito la estrategia de presión que De Miguel y el resto de cargos. Entre las presiones, la red acudió al padre de la empresaria, citándolo en un restaurante vizcaíno. «Es el toque vasco, extorsionamos comiendo», ha descrito socarronamente el fiscal. Izaguirre ha dibujado el papel de los diferentes imputados, desde el presidente de los parques tecnológicos del País Vasco, Julián Sánchez Alegría, pasando por el gerente de Miñano, Alfonso Arriola, igualmente del PNV, hasta terminar por Ochandiano, Tellería y sus esposas, así como de Echaburu y de Arriola. Unos se dedicaron a obtener las comisiones y otros a encubrir a los extorsionadores, aislando las denuncias de la empresaria Ainhoa Alberdi.
La dimensión de la trama y su enorme influencia política queda comprobado en dos hechos bien distintos. Los imputados han contado desde su detención con el apoyo del PNV y las administraciones que controla. La empresaria Alberdi no ha vuelto a poder conseguir ni una sola adjudicación de ninguna administración. «No voy a negar que me entró un gran vértigo al ver a lo que podía apuntar», ha admitido el fiscal Izaguirre, quien recogió la investigación llevada a cabo por el juez de instrucción Alberto Ramos. Izaguirre ha reconocido el trabajo de este y el de los agentes de la Ertzaintza adscritos al juez instructor. «Externalizar estas investigación conduce a las mismas al fracaso. En este país no tenemos una verdadera Policía judicial y cuando uno se acerca a los aledaños del Ejecutivo las investigaciones pierden vigor».
¿Es para el partido?
La pregunta del millón. Es lo que preguntó el padre de la empresaria Ainhoa Alberdi a los miembros de la trama que pretendían el cobro de 100.000 euros. La respuesta de estos fue difusa. El pegamento, como destaca el fiscal en sus conclusiones es el PNV. La existencia del cobro de comisiones la dio el empresario catalán, Francesc Fernández, máximo responsable del grupo Construcciones Riera que admitió el pago de 160.000 euros. A preguntas del juez, el empresario reconoció que en Euskadi pagó por lo mismo que paga en países como Rumanía, Bulgaria, Ecuador, o Panamá.
El PNV por su parte ha virado de denunciar y torpedear la investigación, pasando por negar la existencia de trama alguna, a moderar sus declaraciones. El congresista Aitor Esteban ya solo admitía en las últimas semanas del juicio que el PNV no estaba implicado en la trama.
