El tórrido agosto en Londres ha convertido, para sorpresa de los presentes, la sala del cuarto tribunal de Justicia en un gélido espacio donde el futuro de Julian Assange y otras muchas cosas, se congelan tenebrosamente.
Como relata John Pilger, pudiera parecer un duelo cinematográfico. De un lado, la abogada defensora de Assange, Stella Morris. En la otra bancada, la abogada Clair Dobbin, a sueldo del gobierno de Washington, primero bajo el mandato de Trump y ahora bajo Biden. Assange cuenta con el privilegio de ser perseguido por tres presidentes de EEUU.
El crimen de Assange para la poderosa administración norteamericana no es haber sustraído documentos secretos, aunque sostenga tal cargo. Es que los documentos secretos que alguien le hizo llegar revelan actos criminales, mentiras políticas, colusión delictiva de políticos de todo el espectro ideológico y falsedades de diferentes gobiernos de carácter punible. El mundo asiste desde hace 20 años y bajo la responsabilidad de gobernantes y asesores con nombres y apellidos al final de una era. La convención de Ginebra, del habeas corpus, la tutela judicial y la separación de poderes son papel mojado. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en Norteamérica, los barones norteamericanos y británicos y sus ujieres, léase España y sus sucesivos presidentes desde el señor Aznar, cambiaron las reglas del mundo. El caos tendría aroma de barbacoa humana.
En el tribunal cuarto de la Corte de Londres se dilucida que todo esto sea juzgado por su revés. A quien con mayor o menor torpeza o mesianismo contribuyó a que se desvelara la obtusa y secreta verdad de las invasiones de Afganistán e Irak, y también Yemen y Siria, se le juzga como culpable por desvelar la incómoda verdad.
En los documentos que filtró Assange a la gran prensa occidental figuraban el papel que el Pentágono protagonizó ilegalmente en docenas de países, la catástrofe de un año en Afganistán que preveía el actual desenlace terrorífico, los intentos de Washington por derrocar gobiernos electos, como el de Venezuela, y la connivencia entre presidentes – Bush y Obama – para socavar una investigación del Congreso sobre la tortura empleada por el ejército norteamericano bajo sus mandatos.
Assange publicó cerca de un millón de documentos de Rusia que permitieron a los ciudadanos rusos defender, hasta donde les fue posible, sus derechos. Publicó las pruebas de la conexión entre la Fundación Clinton y el auge del yihadismo en los países del Golfo Pérsico armados por EEUU.
Assange ha pasado la mayor parte de la última década en un encarcelamiento sin sentencia, enclaustrado en la embajada de Ecuador en Londres. Los últimos, en la prisión británica de Belmarsh.
El 15 de agosto, los Estados Unidos solicitaron al Tribunal Superior de Gran Bretaña que dejara sin efecto la decisión de la juez Vanessa Baraitser, que en enero de 2021 denegó la extradición de Assange a EEUU. Baraitser admitía que la salud mental de Assange corría serio peligro en caso de ser encarcelado en los Estados Unidos.
El asedio a Assange se ha mostrado aterrador. Un documento del Pentágono fechado el 15 de marzo de 2009 sugiere destruir el «centro de gravedad» de WikiLeaks, esto es Julian Assange, con amenazas y «enjuiciamiento criminal». Hace unos meses se supo que la empresa española Undercover Global S.L. colaboró con la CIA para espiar al fundador de Wikileaks en su asilo diplomático en Londres. Pretendía elaborar a partir de sus conversaciones y visitas “pruebas” incriminatorias.
En octubre de este año, el Tribunal Superior decidirá el futuro de Assange. La prensa que tanto rédito sacó a las filtraciones le ha dado por desaparecido. Pretende ignorar que, aunque no se siente en el banquillo junto a él, su causa también es la suya. En octubre, el Tribunal Superior británico puede que certifique la muerte definitiva también de la prensa.
