Susan Meiselas intenta reconocer el territorio. Repasa con la mirada todo a lo largo de la calle principal de El Mozote y dice al fin: “No recuerdo haber entrado por aquí”. Saca de su bolso las hojas de contacto de los rollos con las fotografías que tomó en enero de 1982, durante su primer y determinante viaje a este lugar. Cuadros en blanco y negro de los cuerpos de algunos de los pobladores que habitaron El Mozote y caseríos aledaños. Restos humanos pudriéndose entre estos mismos caminos, tal como ella los encontró dos semanas después de que el Batallón Atlacatl del ejército salvadoreño asesinara aquí a casi mil personas, en diciembre de 1981. Susan Meiselas ha vuelto hoy a la escena del crimen.
Se interna con un pequeño grupo por los caminos de tierra que inician detrás de la iglesia y que llevan a casas que ya no existen. Entre ellos van Edgar Romero, fotógrafo y curador salvadoreño, quien es su anfitrión; y dos miembros de la Asociación Promotora de los Derechos Humanos de El Mozote, que representa legalmente a varios familiares de las víctimas. Es el último domingo de noviembre de 2016. Son las 7 de la mañana y ya hay algunos campesinos reunidos. La esperan a ella.
La encuentran en los márgenes de una excavación, delimitada por lo que alguna vez fueran las paredes de una casa. Recientemente, un equipo de forenses argentinos exhumó aquí dos cuerpos: los de una niña y su mamá. “Los forenses vinieron con unos aparatos que pasaban sobre la tierra hasta que sonaban, entonces comenzaron a excavar”, le explica Orlando Márquez. “Son detectores de metal. Ya sabe usted, por si alguien andaba una pulserita, un collar de metal… el aparato suena. Y allí salen los cuerpos”.
Márquez, un hombre fornido que está por cumplir 60 años y oriundo de este caserío, perdió a su padre, a su madre y a tres hermanos durante aquellas jornadas holocáusticas. Él se salvó porque estudiaba en San Salvador. Nos lleva a su casa y allí muestra el vestidito que logró recuperar de su hermana menor, Yesenia Márquez García, asesinada cuando apenas había vivido 18 meses. “De allí lo sacamos”, dice, y señala al suelo al lado de su casa.
Meiselas, quien habla un español fluido, escucha en silencio. Márquez le está contando las vidas de los muertos de sus fotos. Los está identificando. Solo en este lugar fueron exhumados los restos de 15 personas. Tienen nombre y apellido. Pertenecieron a las familias Márquez Guevara. Como los otros cientos, vivieron aquí; vivieron, hasta dos semanas antes de que Meiselas los retratara cadáveres sin saber quiénes eran. Tuvieron el torcido sino de vivir en un territorio en constante disputa entre los dos bandos que peleaban la guerra; a pocos kilómetros de la base de operaciones de la clandestina Radio Venceremos, la obsesión del coronel Domingo Monterrosa, el comandante del Batallón Atlacatl y máximo responsable, al menos en el terreno, de la masacre.
Muchas de sus víctimas permanecen aún bajo la tierra de estos caseríos. Algunas fueron enterradas informalmente por pobladores que volvieron; otras simplemente quedaron sepultadas donde murieron. Pero están siendo desenterradas. No solo las víctimas, sino también las responsabilidades.
El pasado 30 de septiembre, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera ordenó la reapertura de las investigaciones sobre la masacre, basándose en la anulación de la Ley de Amnistía decretada por la Corte Suprema de Justicia un par de meses antes. Cuatro años después de que el Estado salvadoreño reconociera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante las audiencias del caso El Mozote, “su obligación de investigar los hechos denunciados, procesar mediante juicio justo y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos planteados en la demanda”. La Corte IDH, en aquella resolución, responsabilizó al Estado salvadoreño por los hechos y lo condenó por impedir el acceso de las víctimas a justicia.
La Corte determinó, con base en los informes de Tutela Legal y de la Comisión de la Verdad y de los testimonios recibidos, que entre mil y 2 mil efectivos del ejército salvadoreño participaron en la masacre, que inició el 10 de diciembre, cuando varias compañías del Atlacatl se encontraron en El Mozote tras el lanzamiento de un enorme operativo militar en la zona norte de Morazán llamado Operación Yunque y Martillo.
Una nota de La Prensa Gráfica del 14 de diciembre de 1981 cita al entonces ministro de Defensa, Guillermo García, calificando como exitoso el operativo, “pues se han destruido varios reductos subversivos –dice la nota-. El objetivo de tal operativo, calificado por el propio ministro como ‘grande’, dijo, es eliminar de una vez por todas los focos terroristas para llevar la paz y la tranquilidad a aquella población”. Para entonces, la mayor masacre contemporánea en América Latina llevaba tres días siendo perpetrada por las tropas del general García…..
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