Durante casi los últimos trece años en la comunidad autónoma vasca, un grupo de consultoras amañó y se repartió adjudicaciones públicas por estudios que no pasaron por concurso. Entidades públicas como ayuntamientos, departamentos del Gobierno Vasco, la diputación foral de Bizkaia o el puerto autónomo de Bilbao licitaron a dedo cientos de informes a consultoras cuyos directivos tenían relación directa con altos cargos del PNV. Entre las 22 consultoras sancionadas por amañar 92 licitaciones se encuentra una dirigida por Leandro Ardanza, hermano del ex lehendakari José Antonio Ardanza.
El escándalo de este cártel salpica también a cargos del PSOE. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia halla irregularidades en tramitaciones del Gobierno Vasco bajo el mandato de Patxi López y también de Iñigo Urkullu. Las licitaciones eran «negociadas». La administración solicita de tres empresas el mejor presupuesto. Las consultoras se ponían de acuerdo para repartirse la licitación ganadora, ofertando otras dos llamadas «de cobertura», intencionadamente erróneas o exageradas.
Las administraciones vascas implicadas en el monumental amaño son el Gobierno vasco (departamentos de empleo -PNV-, Sanidad – PSE- y Obras Públicas -PSE-), la diputación vizcaína, y los ayuntamiento de Bilbao, Donostia, Gasteiz, Barakaldo y Sestao. La Comisión considera que además del amaño entre las consultoras para hacerse con las licitaciones «existen hechos de los que podría deducirse que algunas administraciones pudieron haber tenido conocimiento de la existencia de prácticas contrarias a la competencia o incluso, en algún supuesto aislado, colegirse que la conducta llevada a cabo por las empresas se ha facilitado por parte de los funcionarios encargados del proceso de contratación». En el caso de varias licitaciones, llama la atención que en buena parte de los casos la oferta ganadora apenas rebajara en 100 euros la oferta de salida. Esto acrecienta las dudas del comportamiento de los encargados públicos de las licitaciones.
Las 22 consultoras implicadas han recibido una multa de más de nueve millones de euros. Las tres principales suman casi tres millones, Deloitte, con Ala Andueza al frente de la misma, S&F Consultans, con Leandro Ardanza, y BSAMI, con Sabin Azúa como máximo responsable.
