Un parlamento rodeado y el rodeo de la justicia

Rodear el parlament catalán e intentar hacerlo levitar mal puede constituir delito. Atribuible en todo caso a las ofuscadas fuerzas de la gravedad. Solo que la gravedad corresponde a la situación en la que la policía catalana primero y la justicia después han dejado a ocho personas participantes en el rodeo. Están condenadas por el Tribunal Supremo a tres años de carcel. ¿Por qué estas y no las 13 imputadas o cualquiera de las miles que participó aquel 15 de junio de 2011? La justicia hace sus propios rodeos y parece condenar a quien haga los suyos propios. Mas para los jueces el delito ha de buscarse donde éste manifieste sus consecuencias, en las afueras del parlamento, y no donde se produce, en el interior del mismo. Allí la elección de president no podía entonces, ni hoy, esconder cómo el factotum del status en Cataluña, el venerable Jordi Pujol, había amasado una injente fortuna personal. La suya era la punta de un castell catalán compuesto por familias de políticos, empresarios, y contratistas ligados a la banca pública y la administración. El 15 de junio de 2011, los testaferros políticos de este ingente grupo se hallaban en el interior del Parlament.

Ciro, Jose Maria, Rubén, Jordi, Olga  y Angela son sus nombres. Son los chivos de un largo proceso en el que ni siquera la justicia se pone de acuerdo. La Audiencia Nacional los absolvió. Ahora, el Tribunal Supremo los inculpa. Pero no a todos; solo a 8 de los 19 que la fiscalía culpaba y la audiencia exhoneró. Esta reconoce el derecho de reunión de los miles que se congregaron en torno al parlament. La defensa recurrirá al Tribunal Constitucional el aparente dislate. Solo un medio, la revista La Marea (1), ha puesto al descubierto esta maraña. Algunos de ellos se limitaron a decir a ciertos parlamentarios que no les representaban y recriminarles las políticas de recortes. Otros desplegaron alguna pancarta. Cuatro largos meses después, mossos d´esquadra detenían en hogares y puestos de trabajo a varios de ellos. Otros, al saber de las detenciones, se prestaron a declarar de forma voluntaria en la Ciutat de la justicia. Como describe La Marea, allí tuvo lugar el esperpento que define toda la operación: decenas de mossos irrumpieron en el recinto, sin el permiso de la jueza decana, para arrestar a gente que ya se había puesto a disposición judicial. Según la abogada Isabel Elbal, la policía buscaba la detención para ficharlos y hacer constar antecedentes policiales. Era esto lo que todos los detenidos no tenían: antecedentes.

La Audiencia Nacional estimó – con un voto particular de Fernando Grande Marlaska – que los congregados en torno al parlament ejercieron un derecho de expresión y reunión. El Tribunal Supremo, tres años después, los condena. Recurrirán al Constitucional  o a Europa. «No entraremos en la cárcel con la cabeza baja, porque la única manera en que han podido combatir nuestra batalla pacífica ha sido meternos en la cárcel», dice en La Marea Jose María.

En los labios de Jose María no se leen ni en sus ojos se miran quienes estaban dentro del parlament. Los parlamentarios tienen otra encomienda. Encapsulados aquel día ante la marabunta, salieron dispuestos a ejercer la mejor defensa del vetusto gobern y el rutilante parlament: practicar el mejor de los ataques. La premura de los mossos en su particular persecución del «crimen» no deja de ser paradógica. Apenas unos meses antes de la sentencia del Supremo condenando a los ocho jóvenes, se publicaba el libro Banca Catalana: caso abierto publicado por Pennínsula. En un avance publicado por la revista Mongolia (2), se describe cómo a partir de 1980 Banca Catalana sufrió un empobrecimiento que benefició a sus administradores. Antes de la  inevitable caída de los valores, un selecto grupo de inversors, con Jordi Pujol a la cabeza vendieron sus acciones a un valor que era muy superior al real, pues se estaba manteniendo en secreto la situación real de la entidad. Pujol tenía en 1981, 22749 acciones de la serie A y 76.010 de serie B. Antes del desplome total que tendría lugar en noviembre de 1982, Jordi Pujol comenzó a desprenderse de sus acciones en enero, siendo ya president de la Generalitat y huesped honorable del Parlament.

Por la venta de sus acciones a través de una sociedad instrumental, HOE S.A, Pujol obtuvo 25.242.781 pesetas. A día de hoy, unos 614.585 euros. Pero la operación necesitó de argucias suplementarias. HOE S.A contaba con un déficit de 1.714 millones de pesetas. Para poder llevar a cabo la venta de las acciones de Pujol, HOE solicitó a Banca Catalana un crédito de 162 millones que le fue concedido  el 2 de enero de 1982, fecha en la que HOE S.A queda adquirida por el Fondo de Garantía de Depósitos. Este crédito, imprescindible para el éxito de la operación, no figuró  en registro alguno ni fue entregado a juez alguno.

El periodista Pere Ríos indaga 30 años después si el desorbitado patrimonio reconocido por el honorable Pujol tiene su origen en las beneficios de las operaciones de desfalco en Banca Catalana. La figura de Pujol, tal como amenazó el honorable al hacerse público el tamaño de fortuna, es la punta de un iceberg que alimentó a una masa selecta de catalanes. Hoy, ocho jóvenes esperan doblemente: el amparo de una justicia esquiva, e ingresar, de mientras, en prisión por manifestarse frente al parlament. Las prácticas ilícitas de los parlamentarios gozan de menor escrutinio judicial, o si lo hacen es a 30 años vista.

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(1) «No sabemos por qué estos ocho, ha sido al tuntún», La Marea, junio de 2015.

(2) «Banca Catalana, el escándalo que enriqueció a Pujol», Revista Mongolia abril de 2015.